miércoles, 20 de mayo de 2015

Las maestras mexicanas y su contribución al cambio social y educativo (parte I)

“En … Santa Rita, municipio de Tacámbaro,
la maestra María Salud Morales fue asesinada alrededor de las cuatro de la tarde del 16 de junio de 1937 [según el Diario El Machete] 
La profesora Morales, ha dado un ejemplo de entrega y de sacrificio.
Desde que llegó al lugar notó la oposición
de un grupo de fanáticos que trataron de amedrentarla para que se fuera.
 La profesora, comprendiendo el peligro en que se encontraba, se negó a salir del lugar, pero si se procuró una pistola.
Con ella, la maestra impuso respeto a los cristeros
que en muchas ocasiones trataron de asaltarla
en el trayecto del pueblo de Tecario a la escuela.
En otra ocasión los cristeros incendiaron la escuela.. […]  
agredieron a la maestra dentro de la escuela,
y sorprendiéndola cuando estaba desarmada
la mataron a golpes con palos y piedras.”

Citado por David L Raby,  (1974; 150-151.)





En la historia de las mujeres mexicanas, deberían aparecer en una posición importantísima, las maestras de escuela, que desde que aparecieron como trabajadoras del estado a finales del siglo XIX, han cumplido el papel de apoyar la secularización de la educación de las masas, de impulsar la alfabetización de las clases subalternas, de promover la inclusión de prácticas educativas modernas y más aún de ser los modelos de mujer profesional y autónoma, que eran y son ejemplo y han marcado el ritmo de cambio del resto de mujeres y niñas.
Durante el Régimen de Porfirio Díaz se empezó a hablar de modernizar la educación, siguiendo las pautas europeas, por entonces el pedagogo Pestalozzi, planteaba que las mujeres podrían incorporarse en formas excelentes al magisterio, que por entonces era un oficio de hombres. A finales del siglo XIX se abrieron escuelas para formar maestras, eran escuelas secundarias, academias y colegios y posteriormente con la fundación de las primeras normales para mujeres, aparecieron las primeras normalistas formadas en las ideas avanzadas de la pedagogía objetiva y moderna.


En México, estas maestras eran visibles en las grandes ciudades al frente de los colegios de niñas que por entonces se estaban abriendo para hacer efectiva la ley de educación obligatoria para niños y niñas. Eran pocas y ocupaban un lugar segregado por género: las maestras educando niñas y los maestros a los niños.


Después de la Revolución de 1910, José Vasconcelos, como nuevo secretario de educación, llamó a las mujeres alfabetizadas a sumarse a las cruzadas alfabetizadoras del nuevo gobierno. Miles de jóvenes se sumaron en forma voluntaria a estas tareas. Posteriormente el gobierno promovió los más importantes proyectos educativos para la educación rural de que se tuviera memoria en nuestro país. Nuevamente miles de jovencitas se sumaron a las acciones educativas, fundando escuelas incluso en los lugares más apartados y agrestes. Siendo aún niñas, muchas de ellas enfrentaban la resistencia de grupos conservadores y caciques a los proyectos educativos del gobierno. No pocas de ellas fueron agredidas, violadas, mutiladas y asesinadas por llevar las propuestas educativas que los gobiernos de Calles y de Cárdenas llevaron adelante: la educación socialista, la educación sexual y la puesta en marcha de la reforma agraria entre otras. Además de sus tareas en el aula, se ocupaban de la organización de los campesinos en ligas y sindicatos para la defensa de sus derechos.


En 1937, el Diario El Machete mencionaba que más de 200 maestros y maestras habían sido asesinados por los rebeldes cristeros y que una cantidad incontable había sido víctima de diferentes agresiones que afectaban a los profesores y profesoras. Múltiples escuelas habían sido quemadas, apedreadas y en el mejor de los casos sometidas a boicots por pate de elementos reaccionarios de los pueblos.  En algún momento de los años cuarentas, por disposición oficial, dejaron de mencionar a los y las mártires de la fundación de la escuela rural mexicana, considerado un periodo lleno de odio y diferencias con el gobierno revolucionario.


En mis investigaciones históricas, he podido construir una base de datos de más de diez mil maestras rurales del periodo 1924-1945, a partir de los expedientes personales del Archivo Histórico de la SEP, que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Con esta información podemos saber que la mayoría de las maestras mexicanas de la primera mitad del siglo XX eran solteras, muy jóvenes, con estudios de primaria y muy pocas con título de normalistas. Se capacitaban en los cursos que las misiones culturales ofrecían en las regiones del país y ganaban un peso diario, sin contar sábado y domingo (20 pesos al mes) pero en algunos lugares –como bien lo documentó la historiadora Norma Ramos para el caso de Nuevo León- había maestras que ganaban menos de $15 pesos al mes. Por entonces no tenían seguro médico y por lo tanto, en caso de casarse o embarazarse tenían que renunciar a su empleo, pues la SEP quería señoritas profesoras.


Al tratar de fundar escuelas y llevar adelante los proyectos del gobierno, las jóvenes maestras se enfrentaban al atraso de los pueblos, al poder de los hacendados y caciques y al poder educativo que tradicionalmente tenía la iglesia en la educación.  Los expedientes están llenos de peticiones de garantías por alto nivel de violencia en las comunidades para llevar adelante su trabajo y también de múltiples solicitudes de permisos por enfermedades (el paludismo era incontenible) y de cambio de lugar de trabajo y de renuncias porque el salario era bajo, porque las amenazaban o porque se querían casar.


Monsiváis se refiere a ellas como:


Con valentía y desinterés, apegadas a las causas que benefician al pueblo y las mujeres (lo que entonces se llamaba “mística”), decenas de miles alfabetizan y hacen trabajo político entre 1920-1940. Son promotoras, activistas de partidos y grupos, y son también mártires de la “piedad” homicida de las turbas de cristeros y sinarquistas, y las víctimas de un proyecto radical de la década de 1930, muy fallido y declamatorio: la “educación socialista”, y de un proyecto necesario que la derecha y el clero impiden con fanatismo: la educación sexual. 


El reto de recuperar historias de mujeres en posiciones marginadas o las que vivieron tiempos violentos, radica asimismo en poder visualizar la violencia de género que marca sus vidas. Es importante usar el nuevo lenguaje que nos ofrece la teoría de género para releer las violaciones y otras agresiones que vivieron las maestras pioneras de la educación rural en el México de la posrevolución. 



[1] Carlos Monsiváis, introducción al libro Gabriela Cano, Mary Kay Vaughan y Jocelyn Olcott (comps.) Género, poder y política en el México Posrevolucionario, México, Fondo de Cultura Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, 2009,p. 31.
[1] Oresta, López  Pérez, “Las maestras en la historia de la educación en México contribuciones para hacerlas visibles, en Sinéctica, No. 28, Febrero-julio, 2006

miércoles, 13 de mayo de 2015

De los maestros y maestras en los tiempos de la Revolución

 La Revolución exige que el maestro de la nueva escuela
no esté al servicio de los grandes intereses moopolizados
por las oligarquías territoriales o industriales,
que no sea un agente al servicio del egoismo
de las clases privilegiadas sino, por el contrario,
un obrero que pone su saber, su voluntad, su corazón,
al servicio, al servicio de la causa siempre justa de los oprimidos.
Ignacio García Tellez, Secretario de Educación en 1935.


En estos tiempos de voces que culpabilizan a los maestros por la crisis educativa y de sentencias fáciles de algunos candidatos, que en formas irreflexivas, plantean que la educación va mejorar si desaparecen las normales rurales, quisiera recordar que este país ha recibido en los momentos más duros, las ideas innovadoras y la voluntad y acción de cambio de los maestros y maestras de escuela. Se trata de una historia que es parte inseparable de lo que es la educación y el Estado mexicano. Hay una historia por recordar, en la que los profesores fueron considerados intelectuales orgánicos de la primera revolución social del siglo XX, la Revolución mexicana.


            Para el historiador James D. Cockcroft, académico de la Universidad de Texas, entre los intelectuales que instigaron la Revolución Mexicana, se encontraban dos tipos de profesionistas que jugaron un papel importante: los abogados y los maestros. Los primeros eran conocedores a fondo de los contenidos que se debatían en el debate parlamentario, aunque no se les veía muy comprometidos con los movimientos sociales y eran más bien distantes de las demandas de las masas, un licenciado destacado fue Venustiano Carranza. Mientras que los profesores, dice, eran “ingenuos, espontáneos e idealistas”, conocedores de las condiciones precarias de vida de las familias pobres de campesinos y obreros.  Gozaban de la confianza de comunidades completas, que seguían sus consejos y sus enseñanzas. No había ningún otro profesionista que lograra la cercanía auténtica que tenían los maestros y maestras con las comunidades y agrupaciones obreras.


            Así, el profesor texano, con amplio conocimiento,  rescató también el profesionalismo patriótico de los periodistas hombres y mujeres que jugaron un papel central para promover un periodismo crítico al régimen de Díaz, aun ejerciendo en las condiciones más riesgosas. Muchos periodistas hacían solos todo el trabajo editorial, desde la escritura de los textos hasta la puesta en marcha de las imprentas. Era común, que cuando publicaban notas que no le gustaban a Porfirio Díaz, eran aprehendidos, apaleados, aislados y sus imprentas destruidas. Algunos tuvieron que vivir el exilio obligado y publicar desde el extranjero, otros tenían que fundar y refundar periódicos para dar continuidad a su labor de comunicadores en tiempos de adversidad. La revolución surgió reclamando la desigual distribución de la riqueza, la falta de libertad de imprenta y de expresión, así como señalando la renuncia a los principios liberales elementales para la no reelección  traicionados por parte de Díaz. Una red de periodistas, abogados y maestros difundían las ideas revolucionarias y se sumaron a los grupos revolucionarios al lado de campesinos y obreros descontentos.


Otros profesionistas, que también tuvieron participaciones revolucionarias fueron los ingenieros agrónomos, conocedores de los problemas agrarios y que en algún momento ofrecieron sus conocimientos para articular adecuadamente las demandas agrarias y posteriormente las reformas posrevolucionarias en torno al reparto de la tierra.


Los maestros, desde el periodo de Díaz, asumieron su apostolado liberal a favor de la educación de las masas y posteriormente muchos apoyaron la lucha a favor del cambio de régimen,  fueron promotores desde la base, de levantar las demandas sociales y de jugar papeles de liderazgo desde el inicio mismo del movimiento. Francisco Bulnes, decía que los profesores de banquillo realmente eran profesionales abandonados por el régimen porfiriano, que estaban resentidos pues estuvieron sometidos por largo tiempo a los salarios más bajos (ganaban lo mismo que un conductor de carretas) y nunca recibieron el reconocimiento que se merecían.


Entre los maestros hubo muchos luchadores anti porfiristas, encontramos, por ejemplo a Otilio Montaño, que acompañó el proceso de construcción de las demandas agrarias del Zapatismo en Morelos, a Antonio I. Villareal que fue el Presidente de la Convención de Aguascalientes, a Manuel Chao que colaboró con el villismo y fue Gobernador de Chihuahua, a Plutarco Elías Calles que llegó a estar en la punta del poder en México, primero como presidente y luego como líder moral y Jefe Máximo, en el periodo conocido como el Maximato (1924-1934).


En la historia de San Luis Potosí encontramos también a maestros revolucionarios, como  a Librado Rivera, que estudio en la Normal del Estado, donde incluso dio clases a Antonio I. Villarreal. Rivera se unió al anarquismo y al Partido Liberal Mexicano, fue el editor de Regeneración y mano derecha de Ricardo Flores Magón en el exilio; otro maestro-periodista revolucionario fue Luis Toro, quien murió por su actividad antirreleccionista; David G. Berlanga, que fue el secretario de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes y dirigió la educación en San Luis, promovió interesantes reformas y murió injustamente fusilado por un lugarteniente de Villa; Luis G. Monzón, también egresado de la Normal, maestro de escuelas, defensor de campesinos y escritor en la prensa opositora de Díaz en el Diario del Hogar. La maestra Dolores Jiménez y Muro, también escritora revolucionaria, encarcelada por sus escritos antirrelecionistas y colaboradora de Zapata en la redacción del Plan de Ayala; Graciano Sánchez, campesino y también maestro de escuela, que llegó a dirigir la primera central de  organizaciones campesinas.


Cercano a los casos de San Luis, otro maestro, Alberto Carrera Torres, pasaba del humilde trabajo en el aula a las tareas políticas más significativas de la historia, como su participación en las huelgas de los mineros de Cananea  y Rio Blanco, así como en múltiples batallas militares y actividades intelectuales de formulación de propuestas nacionales. Algunos morían a favor de la causa del pueblo…otros tuvieron relevancia, los más fueron olvidados un poco después…


Unos de estos [maestros] al combinar sus enseñanzas con la agitación política, encontraron muertes prematuras o fueron exiliados; otros se elevaron a rangos de  significado político y militar al hacer patentes sus radicales puntos de vista en las convenciones políticas y constitucionales de 1914 y 1916. Cuando la lucha hubo terminado y la constitución de 1917 promulgada, la importancia de estos maestros, por lo general, decayó y ellos fueron olvidados.


El olvido ha sido más duro aún  con los aportes a la educación  y a la sociedad de miles de maestras que ya empezaban a ser la mayoría del magisterio rural, que muchas de ellas junto con sus compañeros, fueron intelectuales de base en las acciones post-revolucionarias, fueron los creadores/as de miles de escuelas, de ligas agrarias, de sindicatos y de acciones a favor de la alfabetización de adultos, de gestores de la dotación de ejidos, promoviendo acciones sanitarias en los pueblos, así como impulsando el comercio de las artesanías, las fiestas cívicas y la nueva organización social, que de conjunto sentó las bases y dio fuerza al nuevo estado revolucionario,  a lo largo del siglo XX.


Algunos de ellos y ellas, perdieron sus vidas o fueron afectados en su integridad personal, por los rebeldes cristeros, o fueron víctimas de las duras condiciones sanitarias que prevalecían en ciertas regiones del país.

 
Cuando algunos políticos dicen que van a desaparecer las normales, por temor a su politización y radicalismo o prometen mayores presiones a los maestros, por los errores de sus malos líderes sindicales,  los ciudadanos debemos considerar que estamos frente a problemas más complejos,  que no se resolverán eliminando escuelas o a personas, que requieren una reforma educativa auténtica, consensuada e integral que tenga memoria de su historia, transparencia y capacidad de diálogo.


            Algo de esos maestros del pasado está aún presente en la memoria que alimenta las luchas de los futuros maestros de las normales rurales, decir que no se necesitan en este país a más maestros cuando aún no ganamos la lucha contra el analfabetismo, o peor aún criminalizar a todos los normalistas rurales, se convierte en un discurso desafortunado para quienes aspiran a un puesto de representación política. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa nos sigue doliendo a los mexicanos y no hemos encontrado por parte de quienes están habilitados para hacer justicia, un mensaje convincente, respetuoso y con memoria que anuncie una interlocución más comprometida con la ciudadanía.



miércoles, 29 de abril de 2015

Los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproducción elegida




“Los derechos reproductivos
son los derechos de las mujeres
a regular su propia sexualidad
y capacidad reproductiva,
así como a exigir que los hombres
asuman la responsabilidad
por las consecuencias del ejercicio
de su propia sexualidad.”
Veronica  Stolcke (2008)



Son ya muchas las voces que han colocado en la agenda pública el problema real de que las mujeres en México no pueden tener un ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente las que están en condiciones de vulnerabilidad social por ser pobres, indígenas o vivir en condiciones migratorias. En este texto recuperamos parte de los estudios de la asociación civil GIRE Grupo de Información en Reproducción Elegida, que  se ha distinguido por comprender, atender, promover y sustentar jurídicamente las demandas y los derechos reproductivos de las mujeres, materia en la que tenemos grandes pendientes en México y en América Latina.


Recordemos que los derechos reproductivos están reconocidos en la Constitución, de acuerdo con el art. 4º. “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos” Ahí se reconoce que tenemos derecho (un derecho universal) a la protección de la salud. Ningún funcionario público o ministro religioso, debe impedir este derecho que plantean los mandatos constitucionales.


Otro art. Constitucional, el 133, señala que el estado mexicano respetará los compromisos que ha adquirido con la comunidad internacional al suscribir tratados, acuerdos e instrumentos para proteger los derechos reproductivos de las mujeres. En este sentido grupos de mujeres, han dado seguimiento a los acuerdos firmados en las conferencias internacionales, para impulsar la construcción de nuevas propuestas para la defensa de los derechos reproductivos en nuestro país. La conferencia de Beijing de 1995, especialmente, ha sido clave para el tema. Por ello ahora se supondría que hablar de la posibilidad de interrumpir un embarazo es parte del derecho a gozar de salud, en tanto estado general de bienestar físico, mental y social, por ser parte de los aspectos ligados a la reproducción y a sus procesos, por ello se supondría que todas las mujeres tienen derecho a servicios médicos garantizados en estos temas, pero no es así.


GIRE es quizá una de las organizaciones que ha insistido en forma sistemática y fundamentada en el derecho de las mujeres a una reproducción elegida y en afirmar que un tema central de los derechos reproductivos es el aborto:


El acceso al aborto legal y seguro, es parte esencial de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho las mujeres. Se fundamenta en los derechos a la vida, la salud, la integridad física, la vida privada, la no discriminación  y la autonomía reproductiva de las mujeres. Estos derechos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.


Cuando los servicios de aborto son inaccesibles para las mujeres que los necesitan o cuando las leyes de aborto son restrictivas, los Estados pueden ser responsables por las violaciones a los derechos humanos que les causan. Además, tiene un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de las mujeres, sus oportunidades de vida y su futuro. 


Cabe decir que en México el tema del aborto inducido es un tema antiguo y recurrente a lo largo de la historia, que presenta avances y retrocesos. En el siglo XIX, durante los gobiernos de los liberales, el aborto fue hecho visible en la ley en 1871, a pesar de las presiones de la iglesia, y no fue resultado de un debate público. Por entonces el aborto intencional tenía una menor penalización si la mujer lo hacía por cuestiones de honoris causa, es decir por salvar su honor y por cuidado de la institución familiar. No había sanción si la mujer abortaba por motivo de accidente o si la vida de la mujer corría peligro.


La legislación se fue endureciendo al respecto, aunque ha tenido muchas modificaciones  no han sido cambios de fondo, a excepción de los avances que tiene el Distrito Federal. Incluso con el incremento de embarazo adolescente,  sin duda se replican a gran escala, situaciones como la del caso de Paulina (niña violada y con derecho a un aborto legal) en el que se mostró claramente que aunque se tengan derechos en el papel, en la práctica no se cumplen.


Es decir, aunque se emita una orden judicial para la realización de un aborto legal en condiciones seguras, en casos de violación a menores de edad, en cualquier hospital público, se les niega su derecho a realizar la intervención. Los médicos pueden aducir Objeción de conciencia para no realizarlo y pocos son los estados que tienen legislación para garantizar la presencia de médicos ejecutores en casos de emergencias, para cumplir la ley. 


Ha sido GIRE, más aún que INMUJERES, la organización civil que ha dado seguimiento puntual a lo que ha pasado en ocho años de cambios legales a favor de hacer efectivos los derechos reproductivos de las mujeres. Como se sabe, en 2007 la Asamblea Legislativa del DF modificó el Código Penal para despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, con ello se inició una reforma que permitía la interrupción legal del embarazo en hospitales públicos de la Secretaría de Salud del DF. De esa fecha hasta el 31 de marzo de 2015 se han practicado 138, 172 abortos a mujeres que según los datos estadísticos tienen las siguientes características: en su mayoría han sido jóvenes de entre 18 y 24 años, procedentes del Distrito Federal (72.5%) y del Estado de México (24%), pero también atendieron a mujeres de otros estados y extranjeras (3.3.%); solteras en su mayoría (53.1%) o que viven en unión libre (28.1 %); con escolaridad de Preparatoria (39.7%) o secundaria (32.3%); que tienen como ocupación principal dedicarse al hogar (35.2%) o ser estudiantes (25.1%). Cabe decir que el 53.1% de solicitantes pidió la intervención antes de cumplir los dos meses de embarazo.  Asimismo las menores de edad de entre 11 y 18 años que con la autorización de sus padres, solicitaron la interrupción de su embarazo, han sido en total 8, 334. Un dato que revela lo duro que significa tomar la decisión de abortar se advierte en que un 13.9% de las solicitantes totales ya no acudieron a la cita para realizarlo.


Por otra parte GIRE recuperó información respecto a la procedencia de las mujeres atendidas  de las entidades de la República, pues como se sabe fuera del DF en todos los estados se criminaliza el aborto, así, se puede apreciar que en ocho años se han atendido solicitantes de: Puebla 774; Hidalgo 607; Morelos 450; Jalisco 322; Querétaro 314; Michoacán 300; Veracruz 261 y Guanajuato 260. 


Estas cifras tienen aún mucho por decir, no obstante se puede apreciar en general que la legalización de la interrupción del embarazo no es fácil para las mujeres, pues se calcula que siguen predominando las prácticas riesgosas y clandestinas. Se trata de un problema de salud y de política pública que sigue sin resolverse. Lo más lamentable es que siga habiendo mujeres que además de sufrir deficiente o ausente educación sexual de ellas y sus parejas, tengan que cubrir duras penalizaciones perdiendo por años su libertad. Martha Lamas lo ha señalado con mucha claridad:


“ninguna mujer aborta por gusto. Ninguna mujer debería enfrentar, además del conflicto que supone un aborto, todo lo que implica la clandestinidad: el riesgo, la extorsión, [la prisión], la enfermedad y la muerte”.


En  2010 el PAN en alianza con otros partidos como el PRI,  habían modificado 17 constituciones locales para impedir que las mujeres cumplieran su derecho a una reproducción elegida, y desde entonces se ha seguido el ejemplo en otras entidades, con pequeñas variaciones. Estas modificaciones proponen penalizar casi invariablemente a las mujeres. Por ello, tocar el tema se ha vuelto muy complicado y casi prohibido en nuestra entidad, a pesar de los graves problemas que se tienen de embarazo adolescente y de desinformación y falta de educación sexual. Los embarazos no deseados están a la orden del día y pese a que el Estado no tiene aseguradas estrategias para prevenirlos, ni personal capacitado para entender el problema, se prefiere la omisión y con ello, se permite la continuidad de prácticas que  criminalizan a las mujeres incluso en los casos de abortos espontáneos. La ley se ha aplicado con sesgos racistas y discriminadores, pues las criminalizadas han sido pobre y/o indígenas.


El tema del aborto seguirá presente en el espacio público –aunque incomode y aunque se silencie- porque es uno de los temas en que una sociedad define su interés por la vida y los derechos de las mujeres.



Hablar de autonomía, de avances democráticos y de ciudadanía de las mujeres en los estados, será una noción inalcanzable mientras no podamos hablar de su derecho a decidir sobre su sexualidad y maternidad. Esa autonomía es aún más inaccesible para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, sin educación, sin ingresos, sin conocimiento de la ley y sin acceso a los servicios básicos y de salud pública. El reto es enorme, pero se cuenta ya con mayores experiencias nacionales e internacionales, que muestran que la legalización del aborto no genera conductas sociales pro-abortivas, sino que apenas es una medida emergente, que elimina la penalización injusta que solo se aplica a las mujeres y no responsabiliza a los hombres por las consecuencias de su sexualidad.

miércoles, 15 de abril de 2015

La desigualdad de género en el mundo académico y universitario

“La actividad científica, como institución social,
ha perpetrado sistemáticamente injusticias contra las mujeres,
notablemente su exclusión tanto como objetos
cuanto como sujetos de la investigación  científica, 
cuando no avalando el desarrollo de las
investigaciones sesgadas en contra de las mujeres”

Ana María Sánchez Mora, 2004, p.60.[i]
Apenas en 1996, en una universidad mexicana, -considerada una de las más democráticas del país-, escuché a un profesor universitario referirse a una colega filósofa como una “prófuga del metate”, para señalar que a su juicio nada tenía que hacer en la universidad y menos aún en el campo de las humanidades. Su comentario se empleaba para justificar el hecho de lo que yo consideraba una injusticia, pues la profesora tenía muchos años siendo profesora de horas clases y no veía cercana aún su llegada a la categoría de profesora de tiempo completo. Ese mismo profesor decía que sus alumnas solo iban a la universidad a “buscar marido” y por si no fuera suficiente, para dejar clara su ideología sexista, desanimaba a todas las interesadas en trabajar temas de historia de las mujeres como objeto de estudio para su tesis, sugiriéndoles mejor estudiar batallas o personajes importantes de la política, es decir, varones.


Si alguien piensa que ese tipo de discriminaciones fueron cosa del siglo pasado, se equivocan, en pleno siglo XXI, en cualquier universidad de este país, seguimos escuchando noticias de que sigue habiendo profesores que repiten constantemente a sus alumnas que nada tienen que hacer en ciertas carreras, como en ingeniería o en Ciencia Política, entre otras. No es historia pasada saber que el hostigamiento sexual prevalece en formas cotidianas en los espacios universitarios.



Podría pensarse que esto sucede en las universidades donde los alumnos tienen posiciones frágiles en la estructura de poder, efectivamente, pero también sucede en la UNAM y sucede en muchos otros centros de investigación. Ahora podemos nombrarlo con todas sus letras, se llama violencia de género, porque ahí se sigue discriminando a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. La institución a través de sus representantes, asume como natural este tipo de violencias, y como parte del sentido común  y de la cultura institucional que se reproduce en el día a día.


Hablar por ello, de violencia de género en las universidades, incluso puede pensarse como políticamente incorrecto, pues son las instituciones que representan el lugar del saber, un saber que pareciera inocuo, sin lugar a dudas.


Para ser políticamente correctas, las universidades tienen la gran tarea de promover las políticas de igualdad de género y atender en serio los problemas de hostigamiento hacia las mujeres en los espacios universitarios, que son múltiples, directos e indirectos.


El reto de incluir a las mujeres en la ciencia con políticas afirmativas es una tarea pendiente, durante siglos las instituciones universitarias han remarcado las exclusiones, han sido elitistas, planteando detrás del discurso de la meritocracia, una realidad mucho más compleja, pues el saber universitario se ha asociado como parte del género masculino. Más específicamente ser parte de la intelectualidad o la comunidad científica, se asocia con hombres blancos y occidentales. Luego entonces la universidad como institución ha excluido de diferentes formas, abiertas o sutiles, a las mujeres, a los pobres, a los indígenas, a los gays y lesbianas y a personas con discapacidades.  


En la UNAM según un estudio reciente,  tiene espacios y áreas donde gobierna la meritocracia masculina y se mantiene el trato de “intrusas” a las mujeres que ingresan a ciertas carreras de las ciencias exactas, segregando a las mujeres a las carreras de cuidado como enfermería, pedagogía, trabajo social, entre otras. Se ha detectado que prevalecen a su interior, interacciones discriminadoras que generan un mal ambiente, se trata de un campo de tensiones de género.


Algunas de las conductas y formas de comunicación e interacción de los docentes y de los propios alumnos frente a sus colegas y alumnas,  forman parte de esa cultura sexista en la que no se les toma en serio. En un ambiente machista, en el que de entrada las mujeres son consideradas menos valiosas que los hombres, es común que se refieran a la apariencia física de las mujeres, o atribuyan sus logros a la posición de poder de sus parejas o maridos, o bien tratan de someterla a mayores pruebas, pues siempre dudan de los buenos resultados de las mujeres.


Actualmente se reconoce a partir del estudio citado, que la UNAM tiene pocas mujeres en los puestos de alto nivel de toma de posiciones, así como en las plazas mejor pagadas; solo un 34% de académicas pertenecen al sistema nacional de investigadores;  no hay procesos de inclusión intencionados en las carreras de ciencias exactas y en las ingenierías (26.7% de alumnas en físico matemáticas e Ingenierías), por solo mencionar algunos de los hallazgos de la investigación.


La Universidad tiene que reconocer esos actos discriminatorios claramente como institución, actualmente los reduce a ser solo problemas de mujeres. Asimismo existen muchos microdetalles discriminatorios en la escala más cotidiana en la vida docente universitaria, actos sutiles y sistemáticos que se aprecian en múltiples subjetividades de quienes tienen el poder en las jerarquías, -generalmente hombres- que aplican un trato de intrusas a las académicas y a las estudiantes,  en las evaluaciones, en las valoraciones de la productividad (ellas tienen salarios menores), en los estímulos diversos, o en los reconocimientos para dar nombramientos y cargos, donde prevalecen también las formas de exclusión de mujeres para participar de responsabilidades de alto nivel. Tanto las académicas como las estudiantes, se quejan de muchas sutiles formas de ser discriminadas por ser mujeres.


Todas, como se puede advertir,  son conductas que se ajustan al patrón estereotipado y patriarcal, un modelo que prevalece en las universidades y frente al cual, sus integrantes (estudiantes, profesores, directivos y administrativos) y  la sociedad civil, no pueden quedarse al margen. Pues la universidad es el lugar para enseñar los logros más avanzados del pensamiento y los derechos humanos, constituye un potencial espacio para democratizar un poco el mundo y para iniciar un camino de equilibrios necesarios para la convivencia humana.



[i] Sánchez Mora, Ana María, La ciencia y el sexo, México, Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, 2004.




miércoles, 8 de abril de 2015

Género y democracia: la pasión por la igualdad en los países nórdicos

“En todos los países escandinavos,
como en la mayoría de las sociedades industrializadas,
el género es el mejor mecanismo de predicción
del estatus social de una personas”
Helga Maria Hernes, 1987,p.28.


Desde los años sesenta, los movimientos feministas de los países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y Finlandia), empujaron a que sus Estados y partidos, asumieran políticas afirmativas para el avance de las mujeres en la participación parlamentaria. Recordemos que una política afirmativa, es aquella que promueve acciones estratégicas temporales para generar igualdad, ahí donde no la hay.


Así, diversos partidos escandinavos aprobaron el principio de por lo menos 40 por ciento de representación femenina en todas las listas y en los diversos niveles de participación al interior del partido. Esto fue aprobado inicialmente por los partidos de izquierda, empezando por el Partido Liberal Sueco y el Partido Comunista en 1972, y en 1975 se sumó el Partido de Izquierda Socialista Noruego. Posteriormente estos partidos atrajeron a otros, para promover paridad en los parlamentos nacionales. En los años ochentas se dio un paso más, pues los partidos noruegos y suecos promovieron una ley más contundente al respecto para que todos los partidos establecieran una cuota obligada del 40 por ciento de mujeres en todas las listas electorales. Las resistencias no se dejaron esperar en los partidos conservadores, pero los partidos de izquierda lo siguieron haciendo al interior de sus partidos para generar competencia electoral.


En la memoria histórica de la democracia en el mundo, quedarán las acciones del Partido Laborista Noruego, el más grande del país por cierto, que al introducir en 1983 el 40 por ciento de mujeres en las listas de candidaturas locales y nacionales, obtuvo un liderazgo ejemplar en Europa. Contribuyó a poner el ejemplo de buenos resultados en políticas de cuotas de género. El Partido Conservador Noruego aunque se oponía a las cuotas formales, tuvo que avanzar y hacer cambios a regañadientes, llegando incluso a un 30 por ciento de candidatas en sus listas nacionales.


Hacia 1984, las mujeres ocupaban el 15 por ciento de los escaños parlamentarios en Islandia, 26 por ciento en Noruega y Dinamarca, 28 por ciento en Suecia y 31 por ciento en Finlandia. […] en 1985 Noruega ganó el record mundial. Las mujeres constituían el 34.4 por ciento de la Storting (asamblea nacional) detentaban ocho de los dieciocho puestos del gabinete, contribuían con el 40.5 por ciento de los miembros de los consejos distritales y con un 31.1 por ciento de los miembros de los consejos municipales.


Mientras en otros países europeos, las mujeres clamaban por la aplicación efectiva de las políticas de paridad de género, como en el caso de Alemania que en 1988, tras la presión de los movimientos feministas, lograron que se comprometieran a un 25 por ciento de mujeres en los puestos parlamentarios y señalaban que en la próxima década irían avanzando al 40 por ciento. En Inglaterra, los debates al respecto entonces, apenas podían avanzar.


Para las mujeres nórdicas la paridad de género en la representación política, fue una batalla que empezaron desde los años cincuenta en las secciones de mujeres de sus partidos, en momentos en que para el resto de Europa no era siquiera una demanda de los movimientos de mujeres. En la década de los sesenta ya promovían comisiones oficiales sobre temas de igualdad. Varios autores insisten en que en los países nórdicos se cultiva una cultura de la igualdad que puede llevar a su defensa en formas apasionadas.


            Los países escandinavos tienen a su favor acciones intervencionistas favorables a generar igualdad incluso al seno de la familia, -tema que no tocan en otros países-, el tema del cuidado de los niños, las condiciones del trabajo asalariado de las madres y los apoyos domésticos de cuidado de adultos mayores, tanto como otros temas, son tocados por el estado de bienestar en formas frontales y continuas.


            El debate entre la ciudadanía nórdica, se coloca ahora en revisar el comportamiento político de las mujeres en su papel de representantes, pues mucho se dice que las mujeres no siempre representan los intereses de las mujeres y que pesa más la clase que el género. Por lo que ese siguiente paso de la democracia representativa se encuentra en la construcción de la teoría política actual.



            Sin pretender copiar a las democracias nórdicas, sería interesante desarrollar una pasión por la igualdad y la inclusión en la clase política mexicana, que aún sigue en la retórica de múltiples promesas sin cumplir, para desencanto del electorado femenino y masculino. En particular deberíamos estar atentos a las formas en que las mujeres fueron colocadas en listas y distritos en la contienda electoral de este 2015, que se afirma será el año con más mujeres como candidatas en la historia de México. Tendremos una excelente oportunidad de aprender lecciones  en torno a las posibilidades de la paridad de género en la vida política de nuestro país.

miércoles, 1 de abril de 2015

Feminismos indígenas y feminismos comunitarios

Cuando decimos comunidad,
nos referimos a todas las comunidades de nuestra sociedad,
comunidades urbanas y comunidades rurales,
comunidades religiosas, comunidades deportivas,
comunidades culturales, comunidades políticas,
comunidades de lucha, comunidades territoriales,
comunidades educativas, comunidades de tiempo libre,
comunidades generacionales, comunidades sexuales,
comunidades agrícolas, comunidades de afecto,
comunidades universitarias, etc.
Es comprender que de todo grupo humano podemos hacer
y construir comunidades.
Es una propuesta a la alternativa individualista.
Julieta Paredes, 2010.

En México, el germen de un cierto feminismo comunitario e indígena fue generado al interior mismo de las luchas de los pueblos originarios, que en 1993, impulsaron al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Recordemos que fue el EZLN el que dio a conocer la primera Ley Revolucionaria de Mujeres, desde la cual se hicieron visibles ante el mundo, las voces rebeldes de mujeres de los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas.


En esta Ley sin precedentes, se cuestiona el machismo institucional y cotidiano que viven las indígenas desde pequeñas y reivindican sus derechos a participar en la insurgencia, a trabajar por un salario justo, a decidir el número de hijos que pueden y quieren tener, a participar en los asuntos comunitarios, así como su derecho a la salud, a la alimentación y a la educación. Destacan que son ellas quienes deben elegir a su pareja, que tienen derecho a no ser golpeadas, a ocupar cargos de mando en la organización, incluyendo los grados militares.
La líder que promovió esta ley fue la comandanta Ramona, quien comprendió muy pronto la importancia de que un movimiento como el que alimentaba la esperanza de cambio para los pueblos indígenas, no dejara fuera a las mujeres.


            Ramona, desde los años ochenta ya venía impulsando la mejora de las mujeres en temas de salud y de educación. Reconocida por su talento, formó parte de la delegación del EZLN en los diálogos de Paz y en 1996 participó en el Zócalo de la Ciudad de México frente a más de 100 mil personas acuñando en la memoria la frase “nunca más un México sin nosotros”. Diez años después Ramona falleció de cáncer. Esa mujer, dijo el subcomandante  Marcos, “del color de la tierra y ojos de frijol negro, pequeña de estatura, era el arma más importante de los zapatistas, mujer Tzotzil, tejedora de palabras, río que canta. Ramona bordadora excepcional.” y afirma: “El mundo perdió a una de esas mujeres que paren nuevos mundos y México perdió a una de sus luchadoras que le hace falta y a nosotros nos arrancaron un pedazo de corazón.” 1


            Las mujeres que como Ramona se conectan con el deseo de un mundo diferente a partir de la participación política, desde sus comunidades y que a la par cuestionan el dominio tradicional de las practicas patriarcales, son muchas en todo América Latina, pues son más de cuarenta millones los indígenas hombres y mujeres que lo habitan. Ramona es un ícono del feminismo indígena de México.


Las “Abejas” también quedan en nuestra memoria como la agencia colectiva de la solidaridad de mujeres por la defensa y autonomía de las comunidades:


Las “Abejas” formaron unos cordones de paz y hacen que los soldados se replieguen. Ellas: pequeñas, descalzas, armadas sólo de sus manos y la fuerza de sus corazones, enfrentando al mayor símbolo patriarcal del sistema político actual.. el ejército... 2
            

Actualmente podemos hablar de múltiples ejemplos de intelectuales indígenas que están aportando desde diferentes ángulos a comprender el pensamiento feminista indígena, diferente al occidental.


            Beatriz Paredes, por ejemplo, intelectual indígena Aymara, del Estado Plurinacional de Bolivia, ha aportado sus reflexiones y propuestas de un feminismo comunitario, cuestionando al paradigma dominante del feminismo occidental. Mismo que se concentra en la dicotomía hombre-mujer en tanto individuas, mientras que Julieta Paredes, propone la incorporación de la noción de comunidad, se trata –dice- de una nueva epistemología anti-sistema, que recupera los contextos comunitarios bolivianos desde abajo y que al mismo tiempo que cuestiona el patriarcado y el capitalismo, busca crear comunidad.


Desde tiempo atrás las lideresas indígenas han visto con cierta desconfianza las propuestas de un feminismo occidental proveniente de la clase media y alta educada, que pretende hablar por ellas a través de múltiples ONGs y que apenas se acerca comprender los mundos femeninos indígenas. Sigue habiendo desconocimiento del pensamiento de las luchadoras indígenas, que están comprometidas con cambiar las condiciones de vida de sus pueblos, en además de la pobreza, la enfermedad y las carencias, que son naturalizadas, se les imponen políticas en contextos ideológicos de colonialidad que permanecen.


            Por ello Paredes y otras voces indígenas, han trabajado en la construcción de un feminismo de-colonial y antirracista, que aspira a otros horizontes de lucha, contra una desigualdad que toca muchos más registros que la oposición binaria hombre-mujer que constituye por ello una ruptura epistémica:


Descolonizar y desneoliberalizar el género es a la vez ubicarlo geográfica y culturalmente en las relaciones de poder internacionales planteadas entre el norte rico y el sur empobrecido, cuestionar profundamente a las mujeres del norte rico y complicidad con un patriarcado transnacional.3



            Estas nuevas propuestas que vienen del Sur, requieren de la sensibilidad y apertura crítica de múltiples organizaciones y grupos que trabajan con las mujeres indígenas. Los feminismos comunitarios son los que pueden contribuir a una mayor autonomía, empoderamiento y agencia de las mujeres de los pueblos originarios, dejando atrás las tradicionales políticas asistencialistas, se trata de nuevos caminos y nuevas metodologías de acompañamiento a favor de acciones que fortalezcan nuevas epistemologías y autonomías comunitarias.



[1] Julieta Paredes, Hilando fino. Desde el feminismo comunitario, Colectivos El Rebozo, Grietas, Lente Flotante, La Paz, Bolivia, 2010, Prólogo a la edición mexicana, p.7.
[2] Ibíd., p. 8-9.
[3] Ibidem.p. 66-67