miércoles, 25 de marzo de 2015

El desafío de construir igualdad desde las Unidades de Género en las dependencias de la administración pública


“para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia". En consecuencia, los Estados Partes están obligados a coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar "los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (artículo 5).  Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, 1981. Desde 1989, México confirmó su obligación a acatar estas disposiciones.


Desde 1979, han sido insistentes las recomendaciones de ONU Mujeres y de la CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), para que el gobierno mexicano adopte políticas para enfrentar las brechas de desigualdad de género y los niveles de violencia contra las mujeres que persisten en nuestro país.  Así, en 2007  se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, misma que posteriormente se fue aprobando en los estados de la República. Estos avances legislativos han contribuido a hacer visibles los problemas de la violencia tradicional naturalizada contra las mujeres en nuestra sociedad, pero aún seguimos en los inicios. El reto además ha sido que la administración pública avance tanto en metodologías para actuar frente a la violencia y la atención de las víctimas, como para que en todos los sectores y áreas del gobierno se comprenda la perspectiva de género como una herramienta para analizar la desigualdad de género.

Las unidades de Género convocan a empezar por la propia casa, es decir, revisando que al interior de las dependencias de gobierno, sus empleados y empleadas, respeten las nuevas leyes e identifiquen y combatan la discriminación de género, el acoso sexual y laboral entre otros problemas, asimismo que inserten las unidades de género en su estructura para que se hagan transformaciones a todos los niveles.

La iniciativa de crear Unidades de Género, fue promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres en el marco del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las mujeres (PRO-IGUALDAD) establecido en el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018. Se trata de propuestas de una política pública que establece que todos los servidores públicos sean sensibilizados y capacitados para identificar y actuar frente a las desigualdades de género en sus áreas de atención. Es decir cualquier secretario o funcionario de  bajo, medio y alto  nivel que trabajen en el servicio público, deben manejar la perspectiva de género como una herramienta para comprender la desigualdad y actuar en sus áreas de responsabilidad, deben saber implementar acciones que promuevan la mejora de las condiciones de las mujeres. Los seis objetivos transversales que propone Pro-Igualdad son:

1.         Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

2.         Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.

3.         Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad.

4.         Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.

5.         Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas.

6.         Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.

El llamado a construir estos comités a nivel nacional va dando respuestas poco a poco y van develándose en cada área, los retos que tienen que enfrentar. Por ejemplo apenas el 16 de octubre de 2014 se formó la unidad de género del Senado de la República, con la presencia del Presidente del Senado Emilio García Patrón y las representantes de INMUJERES  y de ONUMUJERES.

Se mencionó que era un hecho sin precedentes que el Senado se pronunciara por los derechos de las mujeres asumiendo el compromiso de apoyar una unidad de género. Marcela Eternod por INMUJERES, señaló que el Senado asumía así el compromiso de revisar su normativa para incluir la perspectiva de género y dar  mayores oportunidades a las mujeres en México. Paz López representando a ONU-Mujeres, señaló que México con ello cumplía con los compromisos internacionales para asumir la igualdad pero insistía hay que hacer acciones afirmativas,  para que las mujeres logren avanzar en las diferentes áreas de la vida social y política. La unidad del Senado tendría que impactar en el trabajo legislativo, para incluir los preceptos de igualdad de género. Suponemos que en estos momentos, una tarea inmediata y concreta de la nueva Unidad de Género sería velar porque la paridad política sea efectiva en los procesos electorales y se respete la ley.

La expectativa es que esos comités generen políticas y acciones afirmativas, para ir construyendo igualdad en sus áreas de influencia.

La tarea no será fácil, lo reconocen los mismos hombres. El líder del Senado señaló que está consciente que el Senado es un órgano difícil para las cuestiones de género y que por ello el hecho de que existan 42 mujeres senadoras, representa mucho.
La unidad de género del Senado fue dotada de oficinas, mobiliario y todo lo necesario para su funcionamiento y la ciudadanía tendría que estar atenta a las acciones que emprenda para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Desde  2011, en algunas dependencias  gubernamentales de San Luis Potosí, se empezó a hablar de llevar adelante los planteamientos de transversalización de género, en sus planes y acciones. Las Unidades de Género se planteaban entonces, como  las nuevas figuras institucionales para promover la igualdad al interior de las propias dependencias gubernamentales. En 2013 con el acompañamiento del Instituto de las Mujeres,  cuatro dependencias asumieron el reto de crear,  sus unidades de género: La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, los Servicios de Salud Pública, el Instituto Estatal para el desarrollo de los Pueblos Indígenas INDEPI y el Centro de Atención a Víctimas del Delito. Estos primeros esfuerzos tomaron las formas más diversas y han enfrentado diferentes retos para comprender y ser comprendidos en su función.  Empezaron a aparecer como comités que llevan adelante acciones de sensibilización y capacitación, con dudas de donde poner el acento en sus acciones: si es hacia sus propios compañeros y compañeras, al interior de las dependencias o bien a las acciones diversas de difusión y educación hacia los usuarios de su dependencia y a la sociedad. Lo cierto es que han actuado más con voluntad que con apoyos reales para impulsar su trabajo. Los responsables de estos comités no se dedican de manera exclusiva a las tareas de las unidades de género, no tienen descarga en su trabajo cotidiano, no cuentan con espacios, recursos y  una visibilidad efectiva para promover la perspectiva de género y mucho menos al finalizar el actual gobierno. Queda además la incertidumbre si el próximo gobierno les dará continuidad a las acciones del Programa de Igualdad y la forma e intensidad en que lo hará.

No obstante en un diagnóstico realizado por el colegio de San Luis junto con los responsables de estas cuatro unidades, se  empiezan a reconocer en formas más claras los alcances y los retos que existen en cada sector para enfrentar las brechas de género. En la SEGE por ejemplo, en sus números se hace visible un fenómeno de desigualdad muy marcado, pues pese a ser un gremio feminizado, los puestos directivos o sindicales, son asumidos mayoritariamente por varones y las mujeres tienen poca oportunidad de acceder a éstos, aún y contando con igual o mayor experiencia y formación académica. En el sector salud, es notoria la feminización de las actividades de enfermería y la escasez de formación en salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. En el INDEPI, se tiene claro el reto de promover la formación en interculturalidad y género entre su personal, pues no hay duda de que son inmensas las tareas para generar oportunidades de igualdad para las mujeres indígenas. Finalmente en lo referente a la Atención a víctimas del delito que es tarea del CAVID y cuyo comité fue refundado recientemente, señalan que las víctimas que atienden, generalmente son mujeres y niñas. Llegan a sus oficinas pidiendo ayuda para ser orientadas para enfrentar la desigualdad, las injusticias y vejaciones diversas y la unidad de género deberá trabajar intensamente en la formación de su personal para brindar la atención con perspectiva de género.

El personal de estas dependencias ya ha explorado los aprendizajes de la perspectiva de género, la unidad de la SEGE ha gestionado primeros recursos para favorecer actividades pro-igualdad y asimismo para vincularse con la sociedad para prevenir la violencia de género en las escuelas. Sin embargo, para que las Unidades de Género tengan realmente  presencia en las Dependencias de Gobierno, se requieren acciones decididas del Ejecutivo. En otras entidades, cuando el Gobernador es el primero que encabeza y asume su compromiso con las Unidades de Género de las dependencias de su gobierno, se nota de inmediato en la agenda y las acciones visibles para capacitar al personal, para empezar, en el Estado de Hidalgo y en Nuevo León, por ejemplo, se han visto avances importantes desde hace años. En nuestra entidad, vamos despacio, con respuestas heterogéneas, pues hay desconocimiento y resistencias muy bien identificadas en ciertas dependencias y otras que facilitan e impulsan cambios.

Frente al cambio de gobierno, es importante que los candidatos se pronuncien y se comprometan a llevar adelante las leyes y los acuerdos nacionales e internacionales para promover la igualdad de género, pues su importancia para el desarrollo pleno de las mujeres en nuestra sociedad, es fundamental.


miércoles, 18 de marzo de 2015

Acciones afirmativas de género para avanzar en la democracia: de las cuotas a la paridad de género en la participación electoral


Las cuotas electorales no implican el reconocimiento de una identidad esencial de ser mujer, sino que constituyen un mecanismo para contrarrestar la subordinación y generar mejores condiciones para la igualdad real. Las cuotas se sustentan en el concepto de equidad, que plantea un trato diferente a los desiguales para garantizar la igualdad. [i]




Según el informe PAIS que analizó la calidad de la ciudadanía que tenemos en México, las mujeres aparecen sub-representadas en las listas electorales, en las direcciones de los partidos, y por supuesto son aún pocas las que llegan a ocupar una curul en las cámaras de Diputados y Senadores. Están sub-representadas en todos los niveles del poder político. No obstante, las mujeres, fueron el grupo más numeroso de votantes en las elecciones de 2012, donde constituyeron más del 66% de los votos, superando en 8.38% al voto masculino. Dice el informe:

Aun cuando las mujeres están sub-representadas con relación a los hombres en el Poder Legislativo Federal (cámara de Diputados 26.2% y senadores 22.7%, según datos de 2012)
las primeras participan más que los segundos en el ámbito electoral: mujeres 66.08% y hombres 57.77%”. [1]

Estos datos requieren una mayor reflexión y mayores investigaciones. Aquí haremos una aproximación general al tema. Lo primero que debemos valorar son los avances de las políticas de igualdad de género que se han venido desarrollando desde los años 90s en América Latina y en nuestro país –resultado de las luchas de las mujeres y organizaciones feministas- para alentar la participación de las mujeres en la vida democrática.

Considerando que en muchos países de la región, las mujeres tuvieron acceso al voto hasta la segunda mitad del siglo XX y en México en 1953,  cabe decir que fueron incluidas en la vida política principalmente como electoras, como bases corporativas de los partidos, pero no como representantes y líderes que toman decisiones. En los partidos se reproducen los estereotipos de género en donde los que mandan a alto nivel son los hombres y las mujeres son constreñidas a comisiones femeniles a las que no les dan mucho poder. Esto es lo que explica en parte, la construcción histórica de la sub-representación de las mujeres en los espacios parlamentarios.

Desde el ámbito internacional, desde 1979, se venía planteando el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, así como las acciones para cambiar las brechas de esas desigualdades injustas, lo cual implica la puesta en práctica de acciones afirmativas para generar igualdad.  En las Conferencias de Nairobi en 1985 y de Beijing en 1995, se marcaron acciones y tendencias con mayor firmeza para generar políticas para la igualdad de género en la política. Especialmente en Beijing, se planteó que la afirmación de los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la igualdad entre los géneros es una cuestión de interés universal y de beneficio para la humanidad.

En ese contexto se empezaron a difundir las acciones afirmativas de género en la política, conocidas como “cuotas de género”, las cuales obligaban a establecer porcentajes mínimos de mujeres a ser incorporadas en las listas de candidatos por parte de los partidos políticos.

En el 2000 se incluyó también la equidad de género como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, reconociendo que para avanzar en la igualdad de género había que promover el empoderamiento de las mujeres.

En la Conferencia Regional sobre la Mujeres de América Latina y el Caribe de 2007, celebrada en Quito, se señaló la necesidad de establecer la paridad entre los géneros. Aparecieron así, acuerdos muy específicos para promover la paridad en la esfera política. A saber:

  1. Propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones afirmativas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas para lograr la inclusión paritaria de las mujeres en su interior y en los espacios de decisiones.

  1. Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos.

  1. Incentivar y comprometer a los medios de comunicación para que reconozcan la importancia de la participación paritaria de las mujeres en el proceso político, ofrezcan una cobertura equitativa y equilibrada de todas las candidaturas, y cubran las diversas formas de la participación política de las mujeres y los asuntos que las afectan.


La llegada a políticas de cuotas de género y a la paridad, no han sido producto de una concesión de los órganos electorales, sino resultado de las luchas de las mujeres de diferentes países que han hecho llegar sus demandas a los organismos internacionales y han presionado en todas las formas posibles para enfrentar las desigualdades estructurales que limitan su acceso a la participación democrática. Las pioneras en prácticas de paridad fueron las mujeres de los países nórdicos europeos, en donde cuentan con las legislaciones de paridad más avanzadas. En América Latina ha costado mucho impulsar nuevas prácticas para la inclusión de las mujeres. Primero fue ponerse de acuerdo en un porcentaje mínimo de mujeres que debían integrar las listas electorales, incluso al principio no se sancionaba en absoluto a los partidos por fallas al respecto.

A la par, las feministas latinoamericanas han dado su lucha, han hecho campañas que han impactado a corto y largo plazo,  como en Argentina que empezaron promoviendo lo que llamaron la “Ley de cupos femeninos” en 1991, donde la cuota de mujeres debía ser del 30%; Costa Rica desde 1988 promovió la Ley para el fomento de la igualdad social de la mujer; en Brasil se promovió la campaña del movimiento “Mujeres sin miedo al poder” que promovió una cuota del 20% de las listas para las elecciones municipales y posteriormente se ha estado moviendo del 40% en 1996 al 30% en el 2000; Panamá en 37% (1997) y México en 1996 empezó a promover la participación política de las mujeres desde las leyes electorales, en 2002 sin hablar de acciones afirmativas en la Ley, se acordó  incluir un 30% de mujeres, en 2008 de  un 40%, estableciendo que de cada 5 candidaturas 2 tienen que ser de género distinto y en 2014 habla ya de paridad. [2]

Después de los procesos electorales de 2012, en México se tuvo un avance de equidad de género, no tanto cuantitativo sino  significativo, pues el 35 % de las diputaciones fueron ocupadas por mujeres, lo cual dio como resultado histórico que hubiera 185 diputadas y 42 senadoras, que constituían un total de 227 curules ocupadas por mujeres. Cabe aclarar que algunos partidos políticos establecieron sus propias reglas de paridad interna, por presión de las propias militantes, por ejemplo el Partido Revolucionario Institucional declaró impulsar cuotas del 50% y el Partido de la Revolución Democrática del 30%. Cabe decir que estos acuerdos generalmente no se cumplen y presentan tensiones diversas. Los partidos burlan constantemente sus frágiles acuerdos de igualdad de género. Por ejemplo, buscan de todas las maneras posibles garantizar la presencia masculina, en los estudios se advierte que incluyen a las mujeres en las candidaturas donde saben que van a perder.

En las reformas electorales se ha incluido asimismo la obligatoriedad de dedicar un pequeño porcentaje de los recursos asignados a los partidos para la capacitación en perspectiva de género y para fortalecer y empoderar las candidaturas femeninas, lo cual tampoco se hace en la mayoría de los partidos.

Recientemente se dio a conocer el estudio de “Igualdad, inclusión y no discriminación” [3]en donde se muestra que los partidos siguen sin trabajar en serio por fortalecer las candidaturas y liderazgos de las mujeres. La mayoría sigue celebrando el día de las madres en formas tradicionales con cargo al recurso y la calidad de la capacitación deja aún mucho que desear.  El Partido Verde Ecologista, fue el ejemplo de ignorancia y falta de respeto a la normatividad de equidad de género, pues gastó el presupuesto en mandiles con propaganda del partido, lo cual muestra el atraso en cultura de igualdad de género que tienen sus publicistas, pues el mensaje que mandan a la ciudadanía es absolutamente tradicional y sexista.

Es importante señalar que los avances de equidad de género en las leyes electorales no se mantienen siempre en formas progresivas al paso de los años, sino que se pueden dar los retrocesos, lo cual nos habla de la fragilidad de la formación política y en perspectiva de género, al interior de los partidos. Los países latinoamericanos que fueron pioneros en paridad política, es decir que promovieron la obligación de incluir a 50% de mujeres y 50% de hombres en las listas electorales, fueron: Venezuela (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009), Costa Rica (2009). [4] 

Los estudios muestran que las cuotas de género y más aún la paridad, son prácticas políticas de las democracias modernas que hacen visible su interés por el adelanto de las mujeres en la participación democrática. Siendo una experiencia relativamente reciente en América Latina, se advierte cómo al aplicarse acciones afirmativas, se aumenta en forma sustantiva la presencia de las mujeres en las cámaras de la siguiente manera:

“Las diferencias entre los resultados obtenidos antes de la ley de cuotas y la última elección son aún mayores, sobre todo en los casos de Argentina, país en el que la representación de las mujeres aumenta del 6% al 36,2%; Costa Rica del 17,3% al 38,6%; Honduras, del 5,5% al 23,4%; Perú, del 10,8% al 29,2%; México, del 14,2% al 22,6%, y Ecuador, del 3,7% al 16%.”[5]

Al paso de los años, se ha reconocido que la paridad es fundamental para la construcción de las democracias modernas y una forma necesaria para enfrentar la exclusión estructural de las mujeres en política y cambiar los estereotipos de género en la sociedad.

Finalmente, cabe decir que nos encontramos en momentos en que hay un general desencanto por los resultados que ha tenido la democracia en México y por la corrupción e impunidad de los políticos de diverso nivel. Asimismo, siguen los efectos de la inseguridad, la pobreza y la violencia. Seguimos teniendo ciudadanías frágiles, con actores sociales que no confían ni en sus vecinos ni en la autoridad, que desconfían de las instituciones y especialmente en las encargadas de la procuración de justicia.[6] La ciudadanía  en general, se caracteriza por tener poca experiencia asociacionista, por estar desvinculada de redes sociales directas que vayan un poco más allá de la familia, los vecinos y las agrupaciones religiosas.

Hay aún mucho trabajo por hacer, pero no hay duda de que las mujeres pueden ser agentes emergentes de la democracia y del cambio de ambiente social y político. Ellas constituyen la mayoría de votantes registrados y activos, es tiempo de que se hagan efectivas las acciones afirmativas para incluirlas en la normatividad de partidos, en candidaturas con certeza y en todas las leyes electorales. Su inclusión debe ser plena, sin trampas y sin prejuicios. Debe ir acompañada de la formación política, de la capacitación en perspectiva de género para hombres y mujeres de los partidos y personal de las instituciones electorales. Solo así se podremos ir construyendo una ciudadanía de mayor calidad, incluyente, paritaria y democrática.



[1] Informe PAÍS Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, INE, COLMEX, 2014. http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Resumen_ejecutivo_Informe_Pais_act_15102014.pdf (p.21)
[2] La paridad política en América Latina y El Caribe. Percepciones y opiniones… CEPAL, serie Mujer y Desarrollo No. 108.2011. p.18.
[3] Igualdad, Inclusión y no discriminación de género en los partidos políticos de México, INCIDE Social, y PNUD, 2014.
[4] La paridad política en América Latina y El Caribe. p.18.
[5] Hacia un horizonte paritario en América Latina… op.cit. p.
[6] Ibid. p.21

[i] Hacia un horizonte paritario en América Latina: representación política de las mujeres. Documento preparado por Virginia Guzmán y Claudia Moreno para la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007. http://genero.ife.org.mx/docs_marco/01_HaciaUnHorizonteParitarioEnAL.pdf p.8.

jueves, 18 de diciembre de 2014

La libertad de soñar el mundo al revés: imaginación y género en el nivel preescolar

“Erase una vez
un lobito bueno,
al que maltrataban
todos los corderos.

Y había también
un príncipe malo,
una bruja hermosa
y un pirata honrado.

Todas estas cosas
había una vez,
cuando yo soñaba
un mundo al revés.

El Lobito Bueno
José Agustín Goytisolo,
Paco Ibañez


Pensar el mundo al revés parece un juego de niños, pero también puede ser un ejercicio cognitivo útil para empezar a cambiar el orden de género en donde abundan las creencias fijas. Es cierto que los niños pueden aprender a descubrir el mundo sin todos los prejuicios de género de sus padres o de sus abuelos, pero eso no se logra por casualidad, sino con acciones pedagógicas intencionadas. Nos preguntamos si la escuela puede contribuir a que las cosas cambien, a lograr que los niños y niñas puedan cuestionar las creencias sexistas, racistas o discriminadoras que les rodean. ¿Podrán encontrar alternativas que induzcan cambios o reflexión sobre los estereotipos de género?


Los padres y madres que tienen hijos en la educación preescolar se darán cuenta que las aulas recrean una estética y valores de género en las imágenes que decoran los muros del salón o bien en los juegos cotidianos, y en disfraces, bailables y dramatizaciones escolares. Ahí se representa el “deber ser” de género para niños y para niñas, son los estereotipos o “mandatos de género” que aparecen naturalizados en la vida cotidiana de las escuelas y que se viven y se reproducen sin cuestionarlos o modificarlos.


En un estudio etnográfico, derivado de la observación a fondo, en un jardín de niños de esta ciudad, se describió a una profesora que acostumbraba organizar una casita dentro del aula, colocaba en un rincón el sitio del aseo, en otro el sitio de comer; organizaba a los niños para que representaran las tareas que consideraba debían ser de la mamá y las de papá. Solo llevaba a delante su programa escolar de los años noventa. Para reforzar sus enseñanzas del “deber ser”, la maestra utilizaba animadas canciones que decían que papá oso es fuerte y  proveedor, que sale a trabajar y mama osa se queda en la casita a cocinar. Las niñas barrían con escobitas y los niños simulando voces roncas, daban órdenes a la mama osa y a los ositos. Cuando la maestra organizaba los juguetes, disponía los carritos para los niños y las muñecas para las niñas. Aunque los niños improvisaban juegos coeducativos, donde los niños cargan a las muñecas o las niñas quieren manejar los carritos, la maestra intervenía constantemente en los juegos para que cada quien jugara “lo que corresponde”. El patio de la escuela era también territorio con género, los niños jugaban futbol y pateando un balón, se adueñaban del patio. Las niñas elegían lugares periféricos, se sientan juntas, comen y juegan al ritmo de sus manos o peinan a las  muñecas y conversan, sin moverse más que en una pequeña área. La maestra no intervenía para redistribuir el espacio o formar equipos mixtos para el futbol y lo juegos.


Un comportamiento similar se describe cuando el grupo juega en el arenero, donde los niños se apropian del espacio y las niñas se acomodan en un rincón. La maestra no ve nada raro en todo ello, ve natural que los niños sean rudos e incluso molesten a las niñas. Otro hallazgo del estudio fue la forma en que se organizaban los juegos. En el juego de “la caperucita”, todas las niñas son caperucitas y los niños son lobos. Cuando una niña quiere ser el  lobo, la maestra le dice que las niñas solo pueden ser caperucitas. Los niños desean jugar, pero -hay que respetar las reglas, dice la maestra- imponiendo que nadie puede cambiar de rol.  Los niños lobitos perseguirán a las niñas caperucitas. Las atrapan…las caperucitas nunca persiguen al lobo, saben que deben dejarse atrapar, porque de lo contrario contravienen el juego, así, actúan tal como su maestra espera que lo jueguen.[1]




Las creencias de género, cuando son fijas pueden tener un carácter normativo e irracional, porque -siguiendo el ejemplo anterior-, en la naturaleza también hay lobas, pero en la imaginación de la maestra el mundo no puede ser más que de una manera. Lo cual nos confirma lo revolucionario que puede ser a veces pensar el mundo al revés y que es más fácil que los niños hagan ejercicios cognitivos audaces, que los profesores, los padres, los comerciantes, los publicistas u otros sectores de profesionistas y adultos.


En otra descripción de 2014, -esta de Zamora Michoacán-, una maestra de preescolar, invirtió muchas horas de trabajo manual para decorar su salón con el tema que sería el eje para todo el año escolar, mismo que sería motivo de juegos, canciones, cuentos, dramatizaciones y dibujos: las niñas serían princesas y los niños serían superhéroes. En un cesto colocó las tiaras plateadas y capitas rosas con brillitos para las princesas y en otro, las espadas, escudos y máscaras de los superhéroes. Algunas madres de familia que colaboraron con  la maestra, comentaban con orgullo que su maestra estaba muy actualizada, porque representó a los personajes de la última película que llegó a los cines. Otra madre, cuyas críticas no encontraron eco, comento con preocupación, que durante el año escolar, el salón sería un reino de fijezas, donde las niñas llevarían la rutina de representar la fragilidad de princesas, salvadas por sus compañeros, superhéroes rudos y armados. Se preguntaba si eso que enseñaba la escuela, podría confundir a su hija, que ya le había agarrado gusto a usar tiara todo el tiempo.[2]


            Valgan estas descripciones como motivo para reflexionar sobre los retos que aún tenemos en el nivel preescolar, etapa importantísima en la que los niños y niñas, inician la identificación de género. Etapa rica en descubrimientos, en la que deberían aprender que su sexo biológico no les debe imponer desigualdad y que ser niña o niño no debe asociarse a creencias fijas y limitativas que los desvaloricen, especialmente a las niñas.


Para promover la equidad de género y aplicar los avances en el currículum para el nivel preescolar que ya tenemos en México, requerimos que las maestras y maestros se atrevan a formarse en serio en la perspectiva de género para que puedan empezar por imaginar los beneficios de un mundo más equitativo, un mundo donde las niñas también puedan ser  futbolistas o superhéroes y los niños valoren, cocinar y cuidar a los ositos.[3]


Enseñar a las niñas desde pequeñas a participar de nuevos roles que les permitan desarrollar sus potencialidades y fortalecer su autoestima, debe ser una de las metas de la educación y de la vida familiar.




[1]Aquí hago mención de datos de la tesis, Lobos y caperucitas en la formación preescolar. Una mirada desde la perspectiva de género, de Rosa Eglantina Sánchez Núñez, (bajo mi dirección), en la Maestría en Educación de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, 2007.
[2] Esta información fue compartida por una investigadora y se refiere a la escuela donde estudia su hija.

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Datos que hablan de los retos para desnaturalizar la violenciacontra las mujeres en México

“Se entiende por violencia contra la mujer: todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o la privada.”
ONU-MUJERES.



Fue un 25 de noviembre cuando por órdenes del dictador Leónidas Trujillo en República Dominicana, fueron asesinadas las hermanas Mirabal: Patria, Minerva y Ma. Teresa, quienes luchaban por la democracia en ese país y por ello fueron sacrificadas. La población se indignó en formas sorprendentes, al grado que se considera que fue eso lo que llevó a la caída del dictador Trujillo en 1961.La fecha ha sido retomada por las y los feministas y luchadores por los derechos humanos y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas,como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día para sensibilizar en todo el mundo, en torno al grave problema de la violencia contra las mujeres. Se trata de que los medios, las escuelas y todas las instituciones y los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de promover acciones para erradicar la inaceptable violencia contra las mujeres y las niñas. Actualmente, según la ONU, es un problema grave y global: en el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha soportado violencia física o sexual, principalmente por un compañero sentimental; cerca de 120 millones de niñas han sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas; y 133 millones de mujeres y niñas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.

Las particularidades de la violencia contra las mujeres en América Latina son alarmantes y en México y en San Luis Potosí también son preocupantes. Según datos de ONU Mujeres México, INEGI y de la Secretaría de Salud (SSA)siete mujeres mueren al día en nuestro país víctimas de homicidio.En San Luis Potosí, según el Instituto de las Mujeres en 2013 se acercaron a pedir ayuda 17 mil 874 mujeres por diferentes tipos de violencia en su contra  y hasta octubre de 2014, se han acercado  22 mil 306 mujeres, lo cual muestra el incremento notable de casos de violencia.

Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2012, diferentes tipos de violenciaque suceden en la casa y la familia, la escuela, el trabajo o la calle, atraviesan y afectan la vida de las mujeres.Así, de la encuesta aplicada, un47 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex-esposo o ex-pareja, o novio) durante su última relación. Las entidades con altos índices de violencia de pareja son en primer lugar el Estado de México, con 57.6%;le siguen Nayarit (54.5%), Sonora (54.0%), el Distrito Federal (52.3%) y Colima (51.0%). La entidad con menor prevalencia de violencia de pareja es Chiapas, con 31.6%.

Se denota asimismo la existencia de hombres que maltratan emocionalmente a las mujeres a lo largo de su vida:la encuesta muestra que 4 de cada 10 mujeres en México (43.1%) han sido humilladas, menospreciadas, encerradas por sus parejas, quienes  les han destruido sus cosas personales o del hogar, las vigilan, las amenazan con irse de la casa,  o con correrlas de la casa o con quitarle a sus hijos; o que las han  amenazado con algún arma o con matarlas o que también les han dicho que ellos se matarían.

Respecto a violencia económica: 2 de cada 10 mujeres en México (24.5%) han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, o bien que les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado su dinero o sus bienes.

Los datos de la violencia física y sexual que ejercen hombres contra sus parejas se aprecia en que a 14 de cada 100 mujeres en México (14.0%) su pareja la ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma. Asimismo 7 de cada 100 de las mujeres encuestadas(7.3%),señalan que sus parejas les han exigido tener relaciones sexuales, sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas que no les gustan.

En San Luis Potosí 239 mil mujeres de 15 años o más, casadas o unidas, han sufrido violencia de parte de sus parejas, de ellas, el 23.3% han recibido violencia extrema a lo largo de su relación y 21.3% en los últimos 12 meses; mientras que a nivel nacional el dato se centra en el 16.2% y 14.7%, respectivamente. En esa misma encuesta se detalla que a51.5% las han pateado, amarrado, tratado de ahorcar o asfixiar, agredido con cuchillo o navaja o disparado con un arma, 37% han requerido de atención médica o psicológica, a 30.1% las han obligado a tener relaciones sexuales, 29.3% han sufrido cortadas, quemaduras, pérdida de dientes, fracturas, abortos, y aún más, inmovilidad de alguna parte de su cuerpo o el fallecimiento de algún integrante del hogar. Por último, 15 mujeres de cada 100 su pareja se ha adueñado o le ha quitado dinero, bienes (terrenos, propiedades, etc.).

También las encuestas muestran el miedo, la pena o la falta de información  de las mujeres que han sido víctimas de violencia, para pedir ayuda a alguna institución. A nivel nacional solo 9.2% de las mujeres casadas o unidas se han acercado a una autoridad a pedir ayuda.

Cuándo se les preguntó a las encuestadas casadas por qué no pidieron ayuda, se advierte  que  persiste en ellas la naturalización de la violencia como parte de la relación de pareja. Creen que: se trató de algo sin importancia o que él no va a cambiar (73.8%), por vergüenza o para que su familia no se enterara (10.8%), por sus hijos o porque su familia la convenció de no hacerlo (9.4%), porque él le dijo que cambiaría o porque piensa que su pareja tiene derecho a reprenderla (9.1%), por miedo (8.0%), porque no sabía que podía denunciar (6.1%) y porque no confían en las autoridades (4.3%).

Los datos anteriores nos muestran la complejidad de la violencia de género, en donde uno de los mayores retos siguen siendo las creencias y estereotipos de género.

No obstante, en México se han dado primeros pasos a partir de que contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) desde 2007, y una correspondiente Ley Estatal para el Estado de San Luis Potosí que se aprobó en 2008. Enfrentamos aún retos significativos de armonización  jurídica y mayores aún, respecto de la preparación y el compromiso de los servidores públicos para actuar con perspectiva de género, cuando se trata de hacer justicia a las mujeres que han sido víctimas de violencia.

Una veintena de instituciones de la entidad potosina, participan de diversas formas para aprender a intervenir en casos de violencia contra las mujeres, desde el marco de la nueva Ley LGAMVLV. También en la academia, desde 2012, El Colegio de San Luis, ofrece capacitación para identificar y actuar para eliminar la violencia contra las mujeres a partir de cinco protocolos: uno orientado a la prevención integral de la violencia, pues partimos de la idea de que la educación es la mejor forma de prevenir especialmente con las nuevas generaciones; otro protocolo es para el primer contacto para dar una atención y refugio adecuado, respetuoso y cálido a las víctimas; otro para aprender los rasgos de un acompañamiento legal de calidad; otro para saber de los estereotipos masculinos que fomentan la violencia y desde el cual repensamos en las posibilidades de rehabilitación de algunos agresores que desean cambiar y mejorar sus relaciones familiares y finalmente un protocolo para brindar contención emocional a los servidores públicos que trabajan en intervenciones directas con víctimas de violencia, con el objeto de que las instituciones cuiden la salud mental y emocional de su personal. Asimismo el COLSAN ofrece dos sitios web educativos que contribuyen a ampliar los conocimientos de interculturalidad, género, así como un sitio que ofrece investigación, documentos y estudios sobre violencia sexual y trata de personas en San Luis Potosí.

Sin duda, hay mucho camino por andar en las políticas públicas para atender la seguridad y prevenir las violencias en México, hay que atraer mayores recursos, y será un trabajo titánico desnaturalizar la violencia contra las mujeres en un país donde muchos piensan que el machismo es orgullo nacional. Hombres y mujeres tenemos mucha tarea para generar cambios de creencias, en contextos adversos de un país con pobreza, violencias diversas y rezago educativo. Por ello, debemos actuar permanentemente y no solo en el mes de noviembre.

Los datos demuestran que la violencia contra las mujeres es un problema social en San Luis Potosí, por ello, además de llamar a la comunidad a  “Pintarnos de naranja” para apoyar la campaña mundial de la ONU, me permito recordar que hay casos emblemáticos de feminicidios de niñas y jovencitas,que han lastimado profundamente a la sociedad potosina y que esperan de las autoridadesel bálsamo de la justicia. En la academia nos preguntamos por qué el silencio y que se está haciendo para sancionar y evitar los feminicidios. Las familias que están sufriendo por las pérdidas de Karla Póntigo y de las niñas de Tamuin, violadas, torturadas  y asesinadas con extrema crueldad, se preguntan con toda legitimidad, cómo están las investigaciones, cuándo se les hará justicia. Respuestas honestas y no el silencio, serán la mejor forma de fortalecer la credibilidad en las instituciones.


Referencias:

Sitios de El Colegio de San Luis sobre interculturalidad y género; violencia sexual y trata de personas:


Los lectores también pueden profundizar en el Sistema de Indicadores de Género (SIG) del INMUJERES, siguiendo la liga:
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/temas_descripcion.php?IDTema=4



miércoles, 5 de noviembre de 2014

Para favorecer la equidad de género y autonomía de las mujeres

“Si bien las mujeres contribuyen a la economía
y a la productividad en todo el mundo,
siguen enfrentando muchos obstáculos
que les impiden realizar su pleno potencial económico.
Esto no sólo inhibe a las mujeres,
además frena el rendimiento económico y el crecimiento”.

Michelle Bachelet  ONU-MUJERES 2014.


Uno de los objetivos del Milenio que ha suscrito el gobierno de México es el de avanzar en la autonomía económica de las mujeres para lograr una mayor equidad de género.

En México hay más de 2.5 millones de mujeres que están en edad de trabajar, que están viviendo en extrema pobreza, en situaciones de dependencia y desempleo. Tan solo en las ciudades, en donde las mujeres podrían tener mayores opciones para emplearse, solo lo consigue un 51% de las que están en edad de tener un empleo remunerado, frente a un 81% de hombres que lo consiguen incluso en mejores condiciones. El acceso al empleo es uno de los garantes de la autonomía de las mujeres.

Es ampliamente conocido que empresarios, empleadores y hasta los sindicatos, mantienen políticas muy tradicionales y sexistas, al asumir que los puestos de trabajo deben tener un único perfil de género, generalmente dejan a las mujeres fuera de las mejores posiciones laborales, en sitios muy acotados y estereotipados. Es decir se mantienen erróneas creencias de que las mujeres sólo pueden realizar tareas secretariales o de limpieza y cuidado y se les niegan opciones de oficios con liderazgo que podrían favorecerles el desarrollo de nuevas habilidades para el trabajo.

Ahora sabemos que hombres y mujeres, por socialización, pueden aprender a realizar las mismas tareas. Por ejemplo los hombres pueden limpiar y cuidar tanto como las mujeres pueden dirigir y tomar decisiones importantes. Ambos pueden aprender nuevas técnicas y tecnologías para producir bienes, en formas exitosas para la sociedad.

No obstante, debido a viejas creencias y estereotipos, los patrones desestimulan a las mujeres para que avancen en sus carreras laborales, con contratos o reglamentos limitativos o discriminatorios. Incluso es conocido que en los altos puestos de gerencia, por costumbre se asignan solo a varones. En la experiencia internacional se ha llamado a este fenómeno “techos de cristal”, que es reconocido como un bloqueo intencional e inconsciente que impide que las mujeres lleguen al punto más alto de las estructuras laborales y profesionales. Según Mabel Murín, se denomina “Techos de cristal”  a una especie de superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar y que les impide seguir avanzando. Se dice que es un techo invisible porque no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos, ni códigos visibles, que impongan claramente a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que por su invisibilidad son difíciles de detectar. Finalmente los datos hablan y muestran que las mujeres no llegan a los puestos más altos y que incluso en los sindicatos no llegan a ocupar los liderazgos más importantes.

Si esto pasa a mujeres educadas, con experiencia y habilidades de alto nivel, pensemos en el gran reto que hay para las mujeres pobres, con escasa educación y en las que se carga el trabajo doméstico, el cuidado de hijos, esposo, personas discapacitadas, ancianos, etc. Es este grupo de mujeres el que no tiene autonomía económica aunque trabaje mucho cada día. Esto quiere decir que una gran cantidad de fuerza laboral femenina se va al trabajo informal y a las actividades de cuidado de otros en casa, sin remuneración alguna. Muchas mujeres asimismo siguen siendo formadas en la ideología de depender de un proveedor varón.

En este sentido, incluir la perspectiva de género en la educación de las niñas y las jóvenes, les ayudará a comprender que todos los seres humanos tenemos derecho al conocimiento y a la realización en un oficio o profesión que contribuya a generar bienestar y desarrollo social y económico. Asimismo que todas las mujeres tienen derecho al trabajo digno y a mantenerse en sus empleos, sin ser víctimas de acoso ni de explotación.

Los estados que invierten esfuerzos y recursos para reducir las asimetrías de género en el empleo, logran mejores niveles de bienestar y avanzan más rápido en el combate a la pobreza. Pues como se sabe las mujeres que tienen salario y prestaciones constituyen una excelente inversión social, pues lo llevan a la familia y lo invierten en la educación de los hijos. A nivel de políticas públicas es fundamental extender la seguridad  y protección social a las mujeres, tanto como la educación y la dotación de servicios públicos eficientes. Ello puede contribuir a restarles vulnerabilidad social en las actuales economías.

En nuestro país aplican las recomendaciones que hiciera la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde hace décadas, en el sentido de que requerimos una intensa labor en los hogares para reducir los prejuicios de género, para que las mujeres aspiren a carreras y profesiones diversas y también para generar una nueva cultura del trabajo en casa, para que las tareas domésticas sean realizadas por hombres y mujeres.

Toca al Estado generar acciones para combatir las desigualdades de oportunidades de empleo entre hombres y mujeres. Así como realizar campañas de sensibilización para cambiar los estereotipos de género y para garantizar la implementación de la legislación contra la discriminación laboral de las mujeres.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Los normalistas rurales y la conciencia social que interpela

Me gustan los estudiantes
porque son la levadura
del pan que saldrá del horno
con toda su sabrosura
para la boca del pobre
que come con amargura.
Caramba y zamba la cosa,
viva la literatura.
Me gustan los estudiantes (Violeta Parra)


Una mirada tecnocrática podría decir que el tiempo se detuvo en Ayotzinapa o en las otras 16 normales rurales que sobreviven a este proyecto educativo iniciado en 1926. También podría afirmarse que estos jóvenes reivindican algo que todos los mexicanos –no solo los estudiantes- debiéramos procurar: un poco de conciencia de la situación social de nuestro país.


La respuesta del Estado frente a los normalistas rurales, ha ido desde las medidas de castigo de alimentos y servicios para los internados hasta las formas represivas, recordemos por ejemplo la lucha de la Escuela Normal de El Mexe, en el estado de Hidalgo, que en el 2000, cuando los jóvenes pedían becas al gobierno del estado, procedieron a cortarles el agua, la luz, el gas y la comida para impedir que funcionara el internado. Poco después el gobierno envió a un grupo de policías-granaderos para desalojar a los jóvenes que tomaron el edificio y para sorpresa de los mismos, fue la comunidad de Tepatepec la que se incorporó a apoyar a los estudiantes, capturando a los policías y exhibiéndolos como traidores y represores de los jóvenes.


Generalmente ante los intentos de someter a los internados por medio de la privación de alimentos, son los mismos campesinos que rodean a las escuelas, los que proveen a los jóvenes para que puedan seguir adelante en sus luchas. En el caso de El Mexe, además fueron los habitantes de las comunidades los que enfrentaron a la policía y retuvieron a 68 granaderos a los que tomaron cautivos para canjearlos por los estudiantes que tenían detenidos. Ocho años después el gobierno logró cerrar la Normal rural de El Mexe, abriendo en su lugar una Universidad Tecnológica. El actual Secretario de Gobernación, por cierto, fue uno de los operadores del proceso de  sometimiento de los jóvenes del Mexe. El cierre de la institución, fue considerado un triunfo político para los priistas hidalguenses.


Los estudiantes de las normales rurales siguen movilizados defendiendo las normales, organizados en una de las agrupaciones más antiguas de México, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), misma que se fundó en 1935 en la Normal de Roque Guanajuato. La FECSM ha sostenido desde entonces un perfil combativo y crítico, los comités estudiantiles de cada normal tienen fuertes vínculos con su federación y cabe decir que participan de formas de co-gobierno en cada institución. Es decir en cada normal los y las jóvenes y los directivos toman decisiones sobre la organización de las escuelas, sobre el rumbo de la educación, con ello puede entenderse que su federación estudiantil, tiene impacto en la forma en que se orientan las normales en todo el país.


La FECSM vigila que se mantenga asimismo, la formación de los y las estudiantes en torno a cinco ejes que reivindican: 1) Eje académico, que corresponde a los contenidos curriculares de la formación de maestros que se aplica en todo el país. Cabe decir que anteriormente había contenidos diferenciados para normales rurales y urbanas y actualmente son los mismos; 2) el eje de producción, es el que define las prácticas agropecuarias que deben aprender en la institución, en estas se enseña a cultivar ya cuidar animales en ocasiones, los productos derivados de sus parcelas son empleados para la alimentación del internado o bien son comercializados para cubrir otro tipo de gastos.  3) El eje político, es el núcleo de formación de conciencia social del papel del maestro rural y confirma su compromiso con el desarrollo y la educación de los pobres del campo; 4) El eje deportivo es muy relevante, los y las estudiantes de los internados realizan ejercicio físico  frecuente y se procura la buena condición física, tanto como la práctica de deportes en grupo que favorecen los encuentros y competencias deportivas y finalmente el 5) Eje cultural, en el que adquieren habilidades para el teatro, música, danza y la oratoria. En cada eje, buscan siempre ligarse con las comunidades que constituyen el entorno de las escuelas. Llevan teatro o deporte a las comunidades, además de lo que aportan en las prácticas pedagógicas.


Sus rondallas aparecen en youtube entonando canciones de amor y mostrando con orgullo las diapositivas de las imágenes de su escuela, con sus murales de figuras emblemáticas de las revoluciones latinoamericanas y lo más cercano a su ideología y prácticas de cogobierno y de  reflexión sobre las escuelas.



La conciencia social de estos jóvenes es la parte que más incomoda e interpela a los gobernantes y a sectores conservadores de nuestro país. Aún hoy en día tenemos funcionarios públicos que ven en cada joven un posible delincuente, sin nada que aportar y al desearían tratarlos por la fuerza antes que intentar dialogar con ellos; si además se trata de muchachos o muchachas pobres o indígenas, recibirán adicionalmente un trato discriminador, con desprecio racista y sexista, según sea el caso. Así, tener conciencia social, puede ser visto como un ingrediente de peligrosidad añadido en los estudiantes. En esta lógica, erróneamente, parece justificado hacer uso de la fuerza pública, incluso en las redes sociales uno ve más de una voz autoritaria que acusa a los jóvenes, de buscarse los excesos de la fuerza pública. En este país se prohíbe y se castiga a quienes se  preocupan por las condiciones del pueblo, por los campesinos y a los que se oponen a las políticas del BID y del FMI, o a quienes no participan de las últimas reformas educativas o a los que piden escuelas dignas. Los hechos de Ayotzinapa son una muestra de la molestia que pueden ser para sectores conservadores los jóvenes con conciencia social. Afortunadamente somos muchos los que pensamos diferente y planteamos como agravio a la sociedad y a los derechos humanos,  el trato dado a los normalistas de Ayotzinapa.