miércoles, 25 de marzo de 2015

El desafío de construir igualdad desde las Unidades de Género en las dependencias de la administración pública


“para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia". En consecuencia, los Estados Partes están obligados a coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar "los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (artículo 5).  Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, 1981. Desde 1989, México confirmó su obligación a acatar estas disposiciones.


Desde 1979, han sido insistentes las recomendaciones de ONU Mujeres y de la CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), para que el gobierno mexicano adopte políticas para enfrentar las brechas de desigualdad de género y los niveles de violencia contra las mujeres que persisten en nuestro país.  Así, en 2007  se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, misma que posteriormente se fue aprobando en los estados de la República. Estos avances legislativos han contribuido a hacer visibles los problemas de la violencia tradicional naturalizada contra las mujeres en nuestra sociedad, pero aún seguimos en los inicios. El reto además ha sido que la administración pública avance tanto en metodologías para actuar frente a la violencia y la atención de las víctimas, como para que en todos los sectores y áreas del gobierno se comprenda la perspectiva de género como una herramienta para analizar la desigualdad de género.

Las unidades de Género convocan a empezar por la propia casa, es decir, revisando que al interior de las dependencias de gobierno, sus empleados y empleadas, respeten las nuevas leyes e identifiquen y combatan la discriminación de género, el acoso sexual y laboral entre otros problemas, asimismo que inserten las unidades de género en su estructura para que se hagan transformaciones a todos los niveles.

La iniciativa de crear Unidades de Género, fue promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres en el marco del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las mujeres (PRO-IGUALDAD) establecido en el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018. Se trata de propuestas de una política pública que establece que todos los servidores públicos sean sensibilizados y capacitados para identificar y actuar frente a las desigualdades de género en sus áreas de atención. Es decir cualquier secretario o funcionario de  bajo, medio y alto  nivel que trabajen en el servicio público, deben manejar la perspectiva de género como una herramienta para comprender la desigualdad y actuar en sus áreas de responsabilidad, deben saber implementar acciones que promuevan la mejora de las condiciones de las mujeres. Los seis objetivos transversales que propone Pro-Igualdad son:

1.         Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

2.         Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.

3.         Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad.

4.         Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.

5.         Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas.

6.         Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.

El llamado a construir estos comités a nivel nacional va dando respuestas poco a poco y van develándose en cada área, los retos que tienen que enfrentar. Por ejemplo apenas el 16 de octubre de 2014 se formó la unidad de género del Senado de la República, con la presencia del Presidente del Senado Emilio García Patrón y las representantes de INMUJERES  y de ONUMUJERES.

Se mencionó que era un hecho sin precedentes que el Senado se pronunciara por los derechos de las mujeres asumiendo el compromiso de apoyar una unidad de género. Marcela Eternod por INMUJERES, señaló que el Senado asumía así el compromiso de revisar su normativa para incluir la perspectiva de género y dar  mayores oportunidades a las mujeres en México. Paz López representando a ONU-Mujeres, señaló que México con ello cumplía con los compromisos internacionales para asumir la igualdad pero insistía hay que hacer acciones afirmativas,  para que las mujeres logren avanzar en las diferentes áreas de la vida social y política. La unidad del Senado tendría que impactar en el trabajo legislativo, para incluir los preceptos de igualdad de género. Suponemos que en estos momentos, una tarea inmediata y concreta de la nueva Unidad de Género sería velar porque la paridad política sea efectiva en los procesos electorales y se respete la ley.

La expectativa es que esos comités generen políticas y acciones afirmativas, para ir construyendo igualdad en sus áreas de influencia.

La tarea no será fácil, lo reconocen los mismos hombres. El líder del Senado señaló que está consciente que el Senado es un órgano difícil para las cuestiones de género y que por ello el hecho de que existan 42 mujeres senadoras, representa mucho.
La unidad de género del Senado fue dotada de oficinas, mobiliario y todo lo necesario para su funcionamiento y la ciudadanía tendría que estar atenta a las acciones que emprenda para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Desde  2011, en algunas dependencias  gubernamentales de San Luis Potosí, se empezó a hablar de llevar adelante los planteamientos de transversalización de género, en sus planes y acciones. Las Unidades de Género se planteaban entonces, como  las nuevas figuras institucionales para promover la igualdad al interior de las propias dependencias gubernamentales. En 2013 con el acompañamiento del Instituto de las Mujeres,  cuatro dependencias asumieron el reto de crear,  sus unidades de género: La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, los Servicios de Salud Pública, el Instituto Estatal para el desarrollo de los Pueblos Indígenas INDEPI y el Centro de Atención a Víctimas del Delito. Estos primeros esfuerzos tomaron las formas más diversas y han enfrentado diferentes retos para comprender y ser comprendidos en su función.  Empezaron a aparecer como comités que llevan adelante acciones de sensibilización y capacitación, con dudas de donde poner el acento en sus acciones: si es hacia sus propios compañeros y compañeras, al interior de las dependencias o bien a las acciones diversas de difusión y educación hacia los usuarios de su dependencia y a la sociedad. Lo cierto es que han actuado más con voluntad que con apoyos reales para impulsar su trabajo. Los responsables de estos comités no se dedican de manera exclusiva a las tareas de las unidades de género, no tienen descarga en su trabajo cotidiano, no cuentan con espacios, recursos y  una visibilidad efectiva para promover la perspectiva de género y mucho menos al finalizar el actual gobierno. Queda además la incertidumbre si el próximo gobierno les dará continuidad a las acciones del Programa de Igualdad y la forma e intensidad en que lo hará.

No obstante en un diagnóstico realizado por el colegio de San Luis junto con los responsables de estas cuatro unidades, se  empiezan a reconocer en formas más claras los alcances y los retos que existen en cada sector para enfrentar las brechas de género. En la SEGE por ejemplo, en sus números se hace visible un fenómeno de desigualdad muy marcado, pues pese a ser un gremio feminizado, los puestos directivos o sindicales, son asumidos mayoritariamente por varones y las mujeres tienen poca oportunidad de acceder a éstos, aún y contando con igual o mayor experiencia y formación académica. En el sector salud, es notoria la feminización de las actividades de enfermería y la escasez de formación en salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. En el INDEPI, se tiene claro el reto de promover la formación en interculturalidad y género entre su personal, pues no hay duda de que son inmensas las tareas para generar oportunidades de igualdad para las mujeres indígenas. Finalmente en lo referente a la Atención a víctimas del delito que es tarea del CAVID y cuyo comité fue refundado recientemente, señalan que las víctimas que atienden, generalmente son mujeres y niñas. Llegan a sus oficinas pidiendo ayuda para ser orientadas para enfrentar la desigualdad, las injusticias y vejaciones diversas y la unidad de género deberá trabajar intensamente en la formación de su personal para brindar la atención con perspectiva de género.

El personal de estas dependencias ya ha explorado los aprendizajes de la perspectiva de género, la unidad de la SEGE ha gestionado primeros recursos para favorecer actividades pro-igualdad y asimismo para vincularse con la sociedad para prevenir la violencia de género en las escuelas. Sin embargo, para que las Unidades de Género tengan realmente  presencia en las Dependencias de Gobierno, se requieren acciones decididas del Ejecutivo. En otras entidades, cuando el Gobernador es el primero que encabeza y asume su compromiso con las Unidades de Género de las dependencias de su gobierno, se nota de inmediato en la agenda y las acciones visibles para capacitar al personal, para empezar, en el Estado de Hidalgo y en Nuevo León, por ejemplo, se han visto avances importantes desde hace años. En nuestra entidad, vamos despacio, con respuestas heterogéneas, pues hay desconocimiento y resistencias muy bien identificadas en ciertas dependencias y otras que facilitan e impulsan cambios.

Frente al cambio de gobierno, es importante que los candidatos se pronuncien y se comprometan a llevar adelante las leyes y los acuerdos nacionales e internacionales para promover la igualdad de género, pues su importancia para el desarrollo pleno de las mujeres en nuestra sociedad, es fundamental.


miércoles, 18 de marzo de 2015

Acciones afirmativas de género para avanzar en la democracia: de las cuotas a la paridad de género en la participación electoral


Las cuotas electorales no implican el reconocimiento de una identidad esencial de ser mujer, sino que constituyen un mecanismo para contrarrestar la subordinación y generar mejores condiciones para la igualdad real. Las cuotas se sustentan en el concepto de equidad, que plantea un trato diferente a los desiguales para garantizar la igualdad. [i]




Según el informe PAIS que analizó la calidad de la ciudadanía que tenemos en México, las mujeres aparecen sub-representadas en las listas electorales, en las direcciones de los partidos, y por supuesto son aún pocas las que llegan a ocupar una curul en las cámaras de Diputados y Senadores. Están sub-representadas en todos los niveles del poder político. No obstante, las mujeres, fueron el grupo más numeroso de votantes en las elecciones de 2012, donde constituyeron más del 66% de los votos, superando en 8.38% al voto masculino. Dice el informe:

Aun cuando las mujeres están sub-representadas con relación a los hombres en el Poder Legislativo Federal (cámara de Diputados 26.2% y senadores 22.7%, según datos de 2012)
las primeras participan más que los segundos en el ámbito electoral: mujeres 66.08% y hombres 57.77%”. [1]

Estos datos requieren una mayor reflexión y mayores investigaciones. Aquí haremos una aproximación general al tema. Lo primero que debemos valorar son los avances de las políticas de igualdad de género que se han venido desarrollando desde los años 90s en América Latina y en nuestro país –resultado de las luchas de las mujeres y organizaciones feministas- para alentar la participación de las mujeres en la vida democrática.

Considerando que en muchos países de la región, las mujeres tuvieron acceso al voto hasta la segunda mitad del siglo XX y en México en 1953,  cabe decir que fueron incluidas en la vida política principalmente como electoras, como bases corporativas de los partidos, pero no como representantes y líderes que toman decisiones. En los partidos se reproducen los estereotipos de género en donde los que mandan a alto nivel son los hombres y las mujeres son constreñidas a comisiones femeniles a las que no les dan mucho poder. Esto es lo que explica en parte, la construcción histórica de la sub-representación de las mujeres en los espacios parlamentarios.

Desde el ámbito internacional, desde 1979, se venía planteando el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, así como las acciones para cambiar las brechas de esas desigualdades injustas, lo cual implica la puesta en práctica de acciones afirmativas para generar igualdad.  En las Conferencias de Nairobi en 1985 y de Beijing en 1995, se marcaron acciones y tendencias con mayor firmeza para generar políticas para la igualdad de género en la política. Especialmente en Beijing, se planteó que la afirmación de los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la igualdad entre los géneros es una cuestión de interés universal y de beneficio para la humanidad.

En ese contexto se empezaron a difundir las acciones afirmativas de género en la política, conocidas como “cuotas de género”, las cuales obligaban a establecer porcentajes mínimos de mujeres a ser incorporadas en las listas de candidatos por parte de los partidos políticos.

En el 2000 se incluyó también la equidad de género como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, reconociendo que para avanzar en la igualdad de género había que promover el empoderamiento de las mujeres.

En la Conferencia Regional sobre la Mujeres de América Latina y el Caribe de 2007, celebrada en Quito, se señaló la necesidad de establecer la paridad entre los géneros. Aparecieron así, acuerdos muy específicos para promover la paridad en la esfera política. A saber:

  1. Propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones afirmativas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas para lograr la inclusión paritaria de las mujeres en su interior y en los espacios de decisiones.

  1. Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos.

  1. Incentivar y comprometer a los medios de comunicación para que reconozcan la importancia de la participación paritaria de las mujeres en el proceso político, ofrezcan una cobertura equitativa y equilibrada de todas las candidaturas, y cubran las diversas formas de la participación política de las mujeres y los asuntos que las afectan.


La llegada a políticas de cuotas de género y a la paridad, no han sido producto de una concesión de los órganos electorales, sino resultado de las luchas de las mujeres de diferentes países que han hecho llegar sus demandas a los organismos internacionales y han presionado en todas las formas posibles para enfrentar las desigualdades estructurales que limitan su acceso a la participación democrática. Las pioneras en prácticas de paridad fueron las mujeres de los países nórdicos europeos, en donde cuentan con las legislaciones de paridad más avanzadas. En América Latina ha costado mucho impulsar nuevas prácticas para la inclusión de las mujeres. Primero fue ponerse de acuerdo en un porcentaje mínimo de mujeres que debían integrar las listas electorales, incluso al principio no se sancionaba en absoluto a los partidos por fallas al respecto.

A la par, las feministas latinoamericanas han dado su lucha, han hecho campañas que han impactado a corto y largo plazo,  como en Argentina que empezaron promoviendo lo que llamaron la “Ley de cupos femeninos” en 1991, donde la cuota de mujeres debía ser del 30%; Costa Rica desde 1988 promovió la Ley para el fomento de la igualdad social de la mujer; en Brasil se promovió la campaña del movimiento “Mujeres sin miedo al poder” que promovió una cuota del 20% de las listas para las elecciones municipales y posteriormente se ha estado moviendo del 40% en 1996 al 30% en el 2000; Panamá en 37% (1997) y México en 1996 empezó a promover la participación política de las mujeres desde las leyes electorales, en 2002 sin hablar de acciones afirmativas en la Ley, se acordó  incluir un 30% de mujeres, en 2008 de  un 40%, estableciendo que de cada 5 candidaturas 2 tienen que ser de género distinto y en 2014 habla ya de paridad. [2]

Después de los procesos electorales de 2012, en México se tuvo un avance de equidad de género, no tanto cuantitativo sino  significativo, pues el 35 % de las diputaciones fueron ocupadas por mujeres, lo cual dio como resultado histórico que hubiera 185 diputadas y 42 senadoras, que constituían un total de 227 curules ocupadas por mujeres. Cabe aclarar que algunos partidos políticos establecieron sus propias reglas de paridad interna, por presión de las propias militantes, por ejemplo el Partido Revolucionario Institucional declaró impulsar cuotas del 50% y el Partido de la Revolución Democrática del 30%. Cabe decir que estos acuerdos generalmente no se cumplen y presentan tensiones diversas. Los partidos burlan constantemente sus frágiles acuerdos de igualdad de género. Por ejemplo, buscan de todas las maneras posibles garantizar la presencia masculina, en los estudios se advierte que incluyen a las mujeres en las candidaturas donde saben que van a perder.

En las reformas electorales se ha incluido asimismo la obligatoriedad de dedicar un pequeño porcentaje de los recursos asignados a los partidos para la capacitación en perspectiva de género y para fortalecer y empoderar las candidaturas femeninas, lo cual tampoco se hace en la mayoría de los partidos.

Recientemente se dio a conocer el estudio de “Igualdad, inclusión y no discriminación” [3]en donde se muestra que los partidos siguen sin trabajar en serio por fortalecer las candidaturas y liderazgos de las mujeres. La mayoría sigue celebrando el día de las madres en formas tradicionales con cargo al recurso y la calidad de la capacitación deja aún mucho que desear.  El Partido Verde Ecologista, fue el ejemplo de ignorancia y falta de respeto a la normatividad de equidad de género, pues gastó el presupuesto en mandiles con propaganda del partido, lo cual muestra el atraso en cultura de igualdad de género que tienen sus publicistas, pues el mensaje que mandan a la ciudadanía es absolutamente tradicional y sexista.

Es importante señalar que los avances de equidad de género en las leyes electorales no se mantienen siempre en formas progresivas al paso de los años, sino que se pueden dar los retrocesos, lo cual nos habla de la fragilidad de la formación política y en perspectiva de género, al interior de los partidos. Los países latinoamericanos que fueron pioneros en paridad política, es decir que promovieron la obligación de incluir a 50% de mujeres y 50% de hombres en las listas electorales, fueron: Venezuela (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009), Costa Rica (2009). [4] 

Los estudios muestran que las cuotas de género y más aún la paridad, son prácticas políticas de las democracias modernas que hacen visible su interés por el adelanto de las mujeres en la participación democrática. Siendo una experiencia relativamente reciente en América Latina, se advierte cómo al aplicarse acciones afirmativas, se aumenta en forma sustantiva la presencia de las mujeres en las cámaras de la siguiente manera:

“Las diferencias entre los resultados obtenidos antes de la ley de cuotas y la última elección son aún mayores, sobre todo en los casos de Argentina, país en el que la representación de las mujeres aumenta del 6% al 36,2%; Costa Rica del 17,3% al 38,6%; Honduras, del 5,5% al 23,4%; Perú, del 10,8% al 29,2%; México, del 14,2% al 22,6%, y Ecuador, del 3,7% al 16%.”[5]

Al paso de los años, se ha reconocido que la paridad es fundamental para la construcción de las democracias modernas y una forma necesaria para enfrentar la exclusión estructural de las mujeres en política y cambiar los estereotipos de género en la sociedad.

Finalmente, cabe decir que nos encontramos en momentos en que hay un general desencanto por los resultados que ha tenido la democracia en México y por la corrupción e impunidad de los políticos de diverso nivel. Asimismo, siguen los efectos de la inseguridad, la pobreza y la violencia. Seguimos teniendo ciudadanías frágiles, con actores sociales que no confían ni en sus vecinos ni en la autoridad, que desconfían de las instituciones y especialmente en las encargadas de la procuración de justicia.[6] La ciudadanía  en general, se caracteriza por tener poca experiencia asociacionista, por estar desvinculada de redes sociales directas que vayan un poco más allá de la familia, los vecinos y las agrupaciones religiosas.

Hay aún mucho trabajo por hacer, pero no hay duda de que las mujeres pueden ser agentes emergentes de la democracia y del cambio de ambiente social y político. Ellas constituyen la mayoría de votantes registrados y activos, es tiempo de que se hagan efectivas las acciones afirmativas para incluirlas en la normatividad de partidos, en candidaturas con certeza y en todas las leyes electorales. Su inclusión debe ser plena, sin trampas y sin prejuicios. Debe ir acompañada de la formación política, de la capacitación en perspectiva de género para hombres y mujeres de los partidos y personal de las instituciones electorales. Solo así se podremos ir construyendo una ciudadanía de mayor calidad, incluyente, paritaria y democrática.



[1] Informe PAÍS Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, INE, COLMEX, 2014. http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Resumen_ejecutivo_Informe_Pais_act_15102014.pdf (p.21)
[2] La paridad política en América Latina y El Caribe. Percepciones y opiniones… CEPAL, serie Mujer y Desarrollo No. 108.2011. p.18.
[3] Igualdad, Inclusión y no discriminación de género en los partidos políticos de México, INCIDE Social, y PNUD, 2014.
[4] La paridad política en América Latina y El Caribe. p.18.
[5] Hacia un horizonte paritario en América Latina… op.cit. p.
[6] Ibid. p.21

[i] Hacia un horizonte paritario en América Latina: representación política de las mujeres. Documento preparado por Virginia Guzmán y Claudia Moreno para la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007. http://genero.ife.org.mx/docs_marco/01_HaciaUnHorizonteParitarioEnAL.pdf p.8.