miércoles, 25 de marzo de 2015

El desafío de construir igualdad desde las Unidades de Género en las dependencias de la administración pública


“para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia". En consecuencia, los Estados Partes están obligados a coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar "los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (artículo 5).  Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, 1981. Desde 1989, México confirmó su obligación a acatar estas disposiciones.


Desde 1979, han sido insistentes las recomendaciones de ONU Mujeres y de la CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women), para que el gobierno mexicano adopte políticas para enfrentar las brechas de desigualdad de género y los niveles de violencia contra las mujeres que persisten en nuestro país.  Así, en 2007  se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, misma que posteriormente se fue aprobando en los estados de la República. Estos avances legislativos han contribuido a hacer visibles los problemas de la violencia tradicional naturalizada contra las mujeres en nuestra sociedad, pero aún seguimos en los inicios. El reto además ha sido que la administración pública avance tanto en metodologías para actuar frente a la violencia y la atención de las víctimas, como para que en todos los sectores y áreas del gobierno se comprenda la perspectiva de género como una herramienta para analizar la desigualdad de género.

Las unidades de Género convocan a empezar por la propia casa, es decir, revisando que al interior de las dependencias de gobierno, sus empleados y empleadas, respeten las nuevas leyes e identifiquen y combatan la discriminación de género, el acoso sexual y laboral entre otros problemas, asimismo que inserten las unidades de género en su estructura para que se hagan transformaciones a todos los niveles.

La iniciativa de crear Unidades de Género, fue promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres en el marco del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las mujeres (PRO-IGUALDAD) establecido en el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018. Se trata de propuestas de una política pública que establece que todos los servidores públicos sean sensibilizados y capacitados para identificar y actuar frente a las desigualdades de género en sus áreas de atención. Es decir cualquier secretario o funcionario de  bajo, medio y alto  nivel que trabajen en el servicio público, deben manejar la perspectiva de género como una herramienta para comprender la desigualdad y actuar en sus áreas de responsabilidad, deben saber implementar acciones que promuevan la mejora de las condiciones de las mujeres. Los seis objetivos transversales que propone Pro-Igualdad son:

1.         Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

2.         Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.

3.         Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad.

4.         Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.

5.         Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas.

6.         Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.

El llamado a construir estos comités a nivel nacional va dando respuestas poco a poco y van develándose en cada área, los retos que tienen que enfrentar. Por ejemplo apenas el 16 de octubre de 2014 se formó la unidad de género del Senado de la República, con la presencia del Presidente del Senado Emilio García Patrón y las representantes de INMUJERES  y de ONUMUJERES.

Se mencionó que era un hecho sin precedentes que el Senado se pronunciara por los derechos de las mujeres asumiendo el compromiso de apoyar una unidad de género. Marcela Eternod por INMUJERES, señaló que el Senado asumía así el compromiso de revisar su normativa para incluir la perspectiva de género y dar  mayores oportunidades a las mujeres en México. Paz López representando a ONU-Mujeres, señaló que México con ello cumplía con los compromisos internacionales para asumir la igualdad pero insistía hay que hacer acciones afirmativas,  para que las mujeres logren avanzar en las diferentes áreas de la vida social y política. La unidad del Senado tendría que impactar en el trabajo legislativo, para incluir los preceptos de igualdad de género. Suponemos que en estos momentos, una tarea inmediata y concreta de la nueva Unidad de Género sería velar porque la paridad política sea efectiva en los procesos electorales y se respete la ley.

La expectativa es que esos comités generen políticas y acciones afirmativas, para ir construyendo igualdad en sus áreas de influencia.

La tarea no será fácil, lo reconocen los mismos hombres. El líder del Senado señaló que está consciente que el Senado es un órgano difícil para las cuestiones de género y que por ello el hecho de que existan 42 mujeres senadoras, representa mucho.
La unidad de género del Senado fue dotada de oficinas, mobiliario y todo lo necesario para su funcionamiento y la ciudadanía tendría que estar atenta a las acciones que emprenda para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Desde  2011, en algunas dependencias  gubernamentales de San Luis Potosí, se empezó a hablar de llevar adelante los planteamientos de transversalización de género, en sus planes y acciones. Las Unidades de Género se planteaban entonces, como  las nuevas figuras institucionales para promover la igualdad al interior de las propias dependencias gubernamentales. En 2013 con el acompañamiento del Instituto de las Mujeres,  cuatro dependencias asumieron el reto de crear,  sus unidades de género: La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, los Servicios de Salud Pública, el Instituto Estatal para el desarrollo de los Pueblos Indígenas INDEPI y el Centro de Atención a Víctimas del Delito. Estos primeros esfuerzos tomaron las formas más diversas y han enfrentado diferentes retos para comprender y ser comprendidos en su función.  Empezaron a aparecer como comités que llevan adelante acciones de sensibilización y capacitación, con dudas de donde poner el acento en sus acciones: si es hacia sus propios compañeros y compañeras, al interior de las dependencias o bien a las acciones diversas de difusión y educación hacia los usuarios de su dependencia y a la sociedad. Lo cierto es que han actuado más con voluntad que con apoyos reales para impulsar su trabajo. Los responsables de estos comités no se dedican de manera exclusiva a las tareas de las unidades de género, no tienen descarga en su trabajo cotidiano, no cuentan con espacios, recursos y  una visibilidad efectiva para promover la perspectiva de género y mucho menos al finalizar el actual gobierno. Queda además la incertidumbre si el próximo gobierno les dará continuidad a las acciones del Programa de Igualdad y la forma e intensidad en que lo hará.

No obstante en un diagnóstico realizado por el colegio de San Luis junto con los responsables de estas cuatro unidades, se  empiezan a reconocer en formas más claras los alcances y los retos que existen en cada sector para enfrentar las brechas de género. En la SEGE por ejemplo, en sus números se hace visible un fenómeno de desigualdad muy marcado, pues pese a ser un gremio feminizado, los puestos directivos o sindicales, son asumidos mayoritariamente por varones y las mujeres tienen poca oportunidad de acceder a éstos, aún y contando con igual o mayor experiencia y formación académica. En el sector salud, es notoria la feminización de las actividades de enfermería y la escasez de formación en salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. En el INDEPI, se tiene claro el reto de promover la formación en interculturalidad y género entre su personal, pues no hay duda de que son inmensas las tareas para generar oportunidades de igualdad para las mujeres indígenas. Finalmente en lo referente a la Atención a víctimas del delito que es tarea del CAVID y cuyo comité fue refundado recientemente, señalan que las víctimas que atienden, generalmente son mujeres y niñas. Llegan a sus oficinas pidiendo ayuda para ser orientadas para enfrentar la desigualdad, las injusticias y vejaciones diversas y la unidad de género deberá trabajar intensamente en la formación de su personal para brindar la atención con perspectiva de género.

El personal de estas dependencias ya ha explorado los aprendizajes de la perspectiva de género, la unidad de la SEGE ha gestionado primeros recursos para favorecer actividades pro-igualdad y asimismo para vincularse con la sociedad para prevenir la violencia de género en las escuelas. Sin embargo, para que las Unidades de Género tengan realmente  presencia en las Dependencias de Gobierno, se requieren acciones decididas del Ejecutivo. En otras entidades, cuando el Gobernador es el primero que encabeza y asume su compromiso con las Unidades de Género de las dependencias de su gobierno, se nota de inmediato en la agenda y las acciones visibles para capacitar al personal, para empezar, en el Estado de Hidalgo y en Nuevo León, por ejemplo, se han visto avances importantes desde hace años. En nuestra entidad, vamos despacio, con respuestas heterogéneas, pues hay desconocimiento y resistencias muy bien identificadas en ciertas dependencias y otras que facilitan e impulsan cambios.

Frente al cambio de gobierno, es importante que los candidatos se pronuncien y se comprometan a llevar adelante las leyes y los acuerdos nacionales e internacionales para promover la igualdad de género, pues su importancia para el desarrollo pleno de las mujeres en nuestra sociedad, es fundamental.


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