jueves, 23 de julio de 2015

Rechazados: tensiones y ruidos sobre el acceso a la educación superior



" En una escuela que tensiona por la equidad, la evaluación como dispositivo diferenciador, hace ruido en algún lugar".
Javier Bonilla, 2003





La población potosina tiene una escolaridad promedio de 8.3 años que equivale al segundo grado de secundaria. Por cada cien potosinos mayores de 15 años, sólo 17 logran terminar la preparatoria.[i] Quizá por ello la noticia de los miles de rechazados para ingresar a la educación superior en la universidad pública, nos parece un rechazo más amplio, un desperdicio de energías y de oportunidades no solo para los jóvenes que no fueron seleccionados, sino para el desarrollo y la mejora de este estado.


San Luis Potosí, también tiene un nada honroso lugar entre los 9 estados con mayor índice de emigración y un octavo lugar de rezago social respecto del contexto nacional, para 2010.[ii] Hoy más que nunca se hace evidente que los jóvenes pueden pasar por largos procesos de inestabilidad, desempleo y que la falta de estudios superiores sigue siendo un factor adicional de desigualdad.


Las universidades pueden ser vistas como uno de  los caminos más éticos de la movilidad social y laboral, pero también resulta una estación fantasma, de refugio o de espera, frente a las incertidumbres del mundo del trabajo. Pero con todo, peor aún resulta para miles de jóvenes, no tener siquiera posibilidades de acceso a la institución pública que brinda educación superior.


Por ello, por más sofisticada y certificada que sea una prueba de selección de jóvenes para ingresar a los estudios superiores, no resulta equitativa. Generalmente son instrumentos que no se interesan por indagar sobre la diversidad de contextos sociales, económicos y culturales de los aspirantes, no generan igualación social en los momentos que más se requiere.


Para empezar, sabemos que muchos de los jóvenes proceden de escuelas con calidades diversas, pero que muy pocos, generalmente  los de clase media urbana, los que proceden de ciertas preparatorias públicas y privadas, tuvieron la fortuna de contar con maestros a lo largo del año, libros de consulta, acceso a internet, asesorías personalizadas, bibliotecas equipadas, deportes en áreas adecuadas y clases permanentes de inglés, talleres de arte, entre otros aspectos. Mientras que otros, tuvieron maestros improvisados y faltistas, así como espacios mal equipados, falta de conectividad, canchas insuficientes, ausencia de laboratorios o bibliotecas, escuelas donde la mala organización se suma a la pobreza, a la discriminación, al sexismo y ciertos tipos de violencia cotidiana dentro y fuera de las aulas, generando una formación incompleta, pobre y pesimista en los jóvenes acerca de su futuro.


Frente a esa desigualdad que  duele ¿qué tanta equidad puede aportar un riguroso proceso de selección? Podríamos afirmar que muy poca y peor aún, puede oscurecer o pretender maquillar la realidad de fondo al reducir los resultados a las características y habilidades individuales de los aspirantes.


Las evaluaciones en la educación que pretenden una racionalidad técnica sin considerar las desigualdades contextuales, se convierten en un fetiche, en tanto que la imagen que ofrecen de los resultados de un examen se leen como si fueran la realidad misma. Mientras que el examen no puede medir tanto, sino solo algunos aspectos y conocimientos.


Las narrativas derivadas de una fetichización de los resultados de un examen pueden llevar a una lógica simplista, a responsabilizar a los jóvenes de las fallas del sistema, a afirmar que el problema es sólo de cobertura y de presupuesto; a estrategias de  apertura de más carreras ligadas a las necesidades de la industria recién llegada a la ciudad o a que los rechazados tomen los caminos de la educación privada, al sugerir a los padres de familia que toca a ellos responsabilizarse por las fallas de sus hijos.


Esta lógica de aparente sentido común, lleva  a cometer errores importantes,  más que a enfrentar los límites de un examen, se pretende convertirlo en una foto de la realidad y se piensa en formas totales desde  la lógica del capital, un camino por el que se pierde  a menudo el sentido mismo de la educación pública.


En un estado donde tenemos grandes desafíos educativos, -pues estamos por abajo del nivel nacional-, los jóvenes que desean estudiar, deberían ser la punta de lanza del cambio, tener mayores oportunidades y políticas afirmativas para lograrlo. Hay muchos ruidos y voces que expresan preocupación porque perciben a este grupo poblacional, como  el que está en la línea de espera para hacer algo que los define  y nos define.  Están en la disyuntiva de ingresar a la universidad o migrar, o de insertarse en actividades informales de diversa e inesperada índole.


Las políticas públicas deberían ser más sensibles a las diferencias y a las vulnerabilidades que afectan a los y las jóvenes. El acceso universal a la educación superior no es un derecho establecido y garantizado para los jóvenes mexicanos, como de algún modo lo es en los países desarrollados, pero sin duda convendría luchar por ello, como mecanismo de defensa, como la base más firme y democrática que podemos ofrecerles, para enfrentar los tiempos de incertidumbre que vivimos.



La educación para todos, sigue siendo una de las mejores plataformas del ser humano, no solo se trata de preparar trabajadores para cuestiones prácticas de la producción como sugieren ciertas agrupaciones empresariales, sino que es la oportunidad de los jóvenes para aprender tanto de lo concreto (como la adaptabilidad al mundo del trabajo) como  otros  aprendizajes, como la reflexividad, la autonomía, la libertad, la justicia y la solidaridad, así como el disfrute del arte y la belleza y a la comprensión consciente de los retos civilizatorios y de sustentabilidad que tenemos en el planeta.



[i] FUENTE: INEGI. Características educativas de la población/Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por entidad federativa según sexo, 2000, 2005 y 2010.
[ii] El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda)es una forma de indagar los componentes de la pobreza incluyendo más indicadores.

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