“Los
derechos reproductivos
son
los derechos de las mujeres
a
regular su propia sexualidad
y
capacidad reproductiva,
así
como a exigir que los hombres
asuman
la responsabilidad
por
las consecuencias del ejercicio
de
su propia sexualidad.”
Veronica Stolcke (2008)
Son
ya muchas las voces que han colocado en la agenda pública el problema real de
que las mujeres en México no pueden tener un ejercicio pleno de sus derechos
sexuales y reproductivos, especialmente las que están en condiciones de
vulnerabilidad social por ser pobres, indígenas o vivir en condiciones
migratorias. En este texto recuperamos parte de los estudios de la asociación
civil GIRE Grupo de Información en Reproducción Elegida, que se ha distinguido por comprender, atender,
promover y sustentar jurídicamente las demandas y los derechos reproductivos de
las mujeres, materia en la que tenemos grandes pendientes en México y en
América Latina.
Recordemos
que los derechos reproductivos están reconocidos en la Constitución, de acuerdo
con el art. 4º. “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos” Ahí se
reconoce que tenemos derecho (un derecho universal) a la protección de la
salud. Ningún funcionario público o ministro religioso, debe impedir este
derecho que plantean los mandatos constitucionales.
Otro
art. Constitucional, el 133, señala que el estado mexicano respetará los
compromisos que ha adquirido con la comunidad internacional al suscribir
tratados, acuerdos e instrumentos para proteger los derechos reproductivos de
las mujeres. En este sentido grupos de mujeres, han dado seguimiento a los
acuerdos firmados en las conferencias internacionales, para impulsar la
construcción de nuevas propuestas para la defensa de los derechos reproductivos
en nuestro país. La conferencia de Beijing de 1995, especialmente, ha sido
clave para el tema. Por ello ahora se supondría que hablar de la posibilidad de
interrumpir un embarazo es parte del derecho a gozar de salud, en tanto estado
general de bienestar físico, mental y social, por ser parte de los aspectos
ligados a la reproducción y a sus procesos, por ello se supondría que todas las
mujeres tienen derecho a servicios médicos garantizados en estos temas, pero no
es así.
GIRE
es quizá una de las organizaciones que ha insistido en forma sistemática y
fundamentada en el derecho de las mujeres a una reproducción elegida y en
afirmar que un tema central de los derechos reproductivos es el aborto:
El
acceso al aborto legal y seguro, es parte esencial de los servicios de salud
reproductiva a los que tienen derecho las mujeres. Se fundamenta en los
derechos a la vida, la salud, la integridad física, la vida privada, la no
discriminación y la autonomía reproductiva
de las mujeres. Estos derechos se encuentran reconocidos tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados
internacionales en materia de derechos humanos.
Cuando
los servicios de aborto son inaccesibles para las mujeres que los necesitan o
cuando las leyes de aborto son restrictivas, los Estados pueden ser
responsables por las violaciones a los derechos humanos que les causan. Además,
tiene un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de las mujeres, sus
oportunidades de vida y su futuro.
Cabe
decir que en México el tema del aborto inducido es un tema antiguo y recurrente
a lo largo de la historia, que presenta avances y retrocesos. En el siglo XIX,
durante los gobiernos de los liberales, el aborto fue hecho visible en la ley
en 1871, a pesar de las presiones de la iglesia, y no fue resultado de un
debate público. Por entonces el aborto intencional tenía una menor penalización
si la mujer lo hacía por cuestiones de honoris causa, es decir por salvar su
honor y por cuidado de la institución familiar. No había sanción si la mujer
abortaba por motivo de accidente o si la vida de la mujer corría peligro.
La
legislación se fue endureciendo al respecto, aunque ha tenido muchas
modificaciones no han sido cambios de
fondo, a excepción de los avances que tiene el Distrito Federal. Incluso con el
incremento de embarazo adolescente, sin
duda se replican a gran escala, situaciones como la del caso de Paulina (niña
violada y con derecho a un aborto legal) en el que se mostró claramente que
aunque se tengan derechos en el papel, en la práctica no se cumplen.
Es
decir, aunque se emita una orden judicial para la realización de un aborto
legal en condiciones seguras, en casos de violación a menores de edad, en
cualquier hospital público, se les niega su derecho a realizar la intervención.
Los médicos pueden aducir Objeción de conciencia para no realizarlo y pocos son
los estados que tienen legislación para garantizar la presencia de médicos
ejecutores en casos de emergencias, para cumplir la ley.
Ha
sido GIRE, más aún que INMUJERES, la organización civil que ha dado seguimiento
puntual a lo que ha pasado en ocho años de cambios legales a favor de hacer
efectivos los derechos reproductivos de las mujeres. Como se sabe, en 2007 la
Asamblea Legislativa del DF modificó el Código Penal para despenalizar el
aborto hasta la semana 12 de gestación, con ello se inició una reforma que
permitía la interrupción legal del embarazo en hospitales públicos de la
Secretaría de Salud del DF. De esa fecha hasta el 31 de marzo de 2015 se han
practicado 138, 172 abortos a mujeres que según los datos estadísticos tienen
las siguientes características: en su mayoría han sido jóvenes de entre 18 y 24
años, procedentes del Distrito Federal (72.5%) y del Estado de México (24%),
pero también atendieron a mujeres de otros estados y extranjeras (3.3.%);
solteras en su mayoría (53.1%) o que viven en unión libre (28.1 %); con
escolaridad de Preparatoria (39.7%) o secundaria (32.3%); que tienen como
ocupación principal dedicarse al hogar (35.2%) o ser estudiantes (25.1%). Cabe
decir que el 53.1% de solicitantes pidió la intervención antes de cumplir los
dos meses de embarazo. Asimismo las
menores de edad de entre 11 y 18 años que con la autorización de sus padres,
solicitaron la interrupción de su embarazo, han sido en total 8, 334. Un dato
que revela lo duro que significa tomar la decisión de abortar se advierte en
que un 13.9% de las solicitantes totales ya no acudieron a la cita para
realizarlo.
Por
otra parte GIRE recuperó información respecto a la procedencia de las mujeres
atendidas de las entidades de la
República, pues como se sabe fuera del DF en todos los estados se criminaliza
el aborto, así, se puede apreciar que en ocho años se han atendido solicitantes
de: Puebla 774; Hidalgo 607; Morelos 450; Jalisco 322; Querétaro 314; Michoacán
300; Veracruz 261 y Guanajuato 260.
Estas
cifras tienen aún mucho por decir, no obstante se puede apreciar en general que
la legalización de la interrupción del embarazo no es fácil para las mujeres, pues
se calcula que siguen predominando las prácticas riesgosas y clandestinas. Se
trata de un problema de salud y de política pública que sigue sin resolverse.
Lo más lamentable es que siga habiendo mujeres que además de sufrir deficiente
o ausente educación sexual de ellas y sus parejas, tengan que cubrir duras
penalizaciones perdiendo por años su libertad. Martha Lamas lo ha señalado con
mucha claridad:
“ninguna
mujer aborta por gusto. Ninguna mujer debería enfrentar, además del conflicto
que supone un aborto, todo lo que implica la clandestinidad: el riesgo, la
extorsión, [la prisión], la enfermedad y la muerte”.
En 2010 el PAN en alianza con otros partidos
como el PRI, habían modificado 17
constituciones locales para impedir que las mujeres cumplieran su derecho a una
reproducción elegida, y desde entonces se ha seguido el ejemplo en otras
entidades, con pequeñas variaciones. Estas modificaciones proponen penalizar
casi invariablemente a las mujeres. Por ello, tocar el tema se ha vuelto muy
complicado y casi prohibido en nuestra entidad, a pesar de los graves problemas
que se tienen de embarazo adolescente y de desinformación y falta de educación
sexual. Los embarazos no deseados están a la orden del día y pese a que el
Estado no tiene aseguradas estrategias para prevenirlos, ni personal capacitado
para entender el problema, se prefiere la omisión y con ello, se permite la
continuidad de prácticas que
criminalizan a las mujeres incluso en los casos de abortos espontáneos.
La ley se ha aplicado con sesgos racistas y discriminadores, pues las
criminalizadas han sido pobre y/o indígenas.
El
tema del aborto seguirá presente en el espacio público –aunque incomode y
aunque se silencie- porque es uno de los temas en que una sociedad define su
interés por la vida y los derechos de las mujeres.
Hablar
de autonomía, de avances democráticos y de ciudadanía de las mujeres en los
estados, será una noción inalcanzable mientras no podamos hablar de su derecho
a decidir sobre su sexualidad y maternidad. Esa autonomía es aún más
inaccesible para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, sin educación,
sin ingresos, sin conocimiento de la ley y sin acceso a los servicios básicos y
de salud pública. El reto es enorme, pero se cuenta ya con mayores experiencias
nacionales e internacionales, que muestran que la legalización del aborto no
genera conductas sociales pro-abortivas, sino que apenas es una medida
emergente, que elimina la penalización injusta que solo se aplica a las mujeres
y no responsabiliza a los hombres por las consecuencias de su sexualidad.
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